“La desinversión estatal en ciencia implica la pérdida de soberanía tecnológica”


“La desinversión estatal en ciencia y tecnología implica la pérdida de soberanía tecnológica”, sostiene el diputado de Unidad Ciudadana, Roberto Salvarezza. Antes de comenzar el III Encuentro con Congresistas por Justicia Fiscal que tiene lugar en la Ciudad de México, el legislador argentino conversó con el Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES. Durante la entrevista Salvarezza advierte sobre las consecuencias irreversibles que tienen los programas de austeridad sobre el desarrollo científico y técnico de los países.


El ex presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina destaca, en cambio, el rol del Estado como protagonista del desarrollo tecnológico e industrial: “El Estado debe recuperar el rol de principal emprendedor en tecnología como lo hacen los países desarrollados. Los avances argentinos en materia nuclear, satelital y biotecnológica fueron fruto de la sostenida inversión estatal”, enfatiza el bioquímico.


“Necesitamos identificar las complementariedades entre los países de América Latina para potenciar el desarrollo de cada uno y de la región en su conjunto. Dialogar y debatir con parlamentarios del resto de la región permite encontrar coincidencias para avanzar en un proceso de integración que resulta imprescindible para el futuro de la región”, indica Salvarezza antes de participar del encuentro organizado Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación SES junto con Latindadd y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en el parlamento mexicano.


-¿Cuál es el alcance del ajuste en ciencia y tecnología, educación y salud emprendido por el gobierno argentino a lo largo de los últimos tres años?


-El Gobierno de Mauricio Macri que asumió en diciembre de 2015 basó su proyecto económico en la disminución progresiva del déficit fiscal, recurriendo al endeudamiento externo para sostener este proceso. La reducción del déficit fiscal durante 2016 y 2017 fue acompañada de un marcado incremento del déficit financiero, merced al pago de los servicios de la deuda externa. A comienzos de 2018, el modelo estaba agotado. Crecientes dificultades para obtener financiamiento externo en un contexto internacional de salida de capitales de los países emergentes y errores groseros en el manejo de la crisis, originaron una corrida cambiaria que llevó a las autoridades a solicitar un crédito condicionado por 57.000 millones de dólares al FMI.


El acuerdo alcanzado exigía el compromiso por parte del gobierno de llegar al déficit cero en 2019 con el único objetivo de garantizar el pago de los intereses de la deuda contraída durante sus primeros tres años de gestión. Los 150.000 millones de dólares de deuda colocada por el gobierno elevaron los niveles de la deuda del 54% del PBI en 2015 al 90% del PBI en 2019. En este marco, el gobierno profundizó el ajuste que venía ejecutando en áreas sensibles socialmente como educación y salud, y otras que comprometen al futuro como ciencia y tecnología.


-¿Cuáles son los sectores más afectados por ese proceso de reducción del gasto comprometido para acceder al financiamiento del FMI?


-En primer lugar debemos recordar que, a mediados del 2018, el gobierno degradó a Secretaría tres áreas que ostentaban la categoría de Ministerio. Las carteras alcanzadas fueron Salud, Cultura, Trabajo y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Asimismo, todas las partidas destinadas a estas áreas para el año 2019 fueron recortadas en términos reales mientras que los recursos destinados al pago de intereses escalaron de manera significativa.


El gobierno dejó de financiar programas nacionales en áreas claves que garantizaban el acceso igualitario a la salud y ajustó los presupuestos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud y de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. En educación inicial, primaria y secundaria se recortaron los programas de infraestructura, formación docente, programas socioeducativos y el presupuesto de las escuelas técnicas, entre otros.


En el caso de la Educación Superior, las universidades nacionales están sufriendo un ajuste presupuestario que se evidencia mayormente en los salarios de los docentes investigadores, pero que también ha frenado los procesos de expansión y crecimiento. Con estos escasos recursos, las universidades apenas logran cubrir los gastos básicos de funcionamiento.


-¿Cuál es la dimensión del impacto en ciencia y técnica?


-Durante 2015, antes de la llegada del gobierno de Mauricio Macri, la inversión en ciencia y tecnología del Estado argentino representó el 0,36% del PBI. La cifra equivale a unos 2.000 millones de dólares. De acuerdo al Presupuesto para 2019 se espera apenas una inversión del 0,21% del PBI, unos 1.200 millones de dólares. La realidad puede ser aún más complicada porque la actual administración se caracteriza por sub-ejecutar partidas. A lo largo del año pasado se subejecutaron 30.000 millones de pesos: 32% en ciencia y técnica, 22% en educación, y 18% en salud.


-¿Qué implicancias para el desarrollo económico tiene el proceso de desinversión estatal en materia de ciencia y tecnología que describe?


-Argentina posee capacidades científicas y tecnológicas con enorme potencial, que pudo desarrollar gracias a la calidad de la educación universitaria, pública y gratuita. Nuestro sistema científico y tecnológico es el más avanzado de América Latina. La ciencia nacional tiene una rica tradición con tres premios Nobel y en logros trascendentes en materia nuclear, espacial, biotecnológica y TICs, que fueron impulsadas fuertemente en los doce años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Partiendo de una tasa de 1,43 investigadores cada 1000 habitantes de Población Económicamente Activa (PEA) en 2003, Argentina alcanzó una tasa de 3 investigadores por cada 1000 habitantes en 2015. Se trató de la cifra más elevada de Latinoamérica, consolidando un sistema que pretendía comenzar a impactar en el desarrollo económico del país.


El efecto que tiene la desinversión hacia el sector, llevada a cabo desde la asunción de Macri, es demoledor. La reducción de la inversión representa menos vacantes para jóvenes científicos y científicas en el CONICET, el congelamiento de la planta en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y en otros organismos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). También ocasionó la cancelación de proyectos de investigación en todas las disciplinas, dificultades para la compra de equipamiento, serios problemas para mantener en funcionamiento a los centros e institutos de investigación así como la suspensión casi total de nuevas obras de infraestructura.


Por otro lado, los salarios están cada vez más deprimidos y los estipendios de las becas están al límite de la línea de pobreza. Este panorama desalentador motivó el comienzo de otro nuevo éxodo de jóvenes altamente calificados que migran a países centrales en busca de mejores condiciones laborales. En consecuencia, el Estado pierde recursos humanos a cuya formación destino una considerable inversión.


-Los recortes también alcanzaron a las empresas estatales que impulsaban desarrollos tecnológicos locales


-Sí. El gobierno canceló proyectos tecnológicos claves poniendo en riesgo la continuidad del Plan Nuclear y el Plan de Desarrollo Satelital, que se habían relanzado y consolidado a lo largo de los últimos doce años. La cancelación y postergación de proyectos como la construcción del satélite geoestacionario ARSAT-3, la tercer central nuclear que se iba a realizar con tecnología CANDU dominada por el país, la demora en la construcción de cuarta central, la importación de aviones y embarcaciones destinadas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se podrían fabricar en nuestro país), afecta seriamente los complejos industriales y PyMES de alta tecnología que se construyeron en torno a estas actividades.


Los resultados no sólo fueron los centenares de despidos en las empresas estatales sino también en las empresas contratistas a quienes se les cancelaron las obras, afectando todo el tejido social de aquellas localidades donde iban a realizarse. Además del daño económico esto conlleva la pérdida de soberanía tecnológica en áreas sensibles como Comunicaciones, Energía y Defensa.


-Desde su perspectiva, ¿qué rol debe cumplir el Estado en materia de ciencia y tecnología?


-El Estado debe orientar la inversión externa hacia las actividades productivas en lugar de dirigirla hacia la especulación financiera como sucede desde 2015, con excepción del desarrollo gasífero no convencional en Vaca Muerta. Argentina necesita una política fiscal expansiva para terminar el ciclo recesivo en la cual se encuentra sumido el país. Se requiere estimular la demanda del mercado interno, fortalecer a las empresas nacionales y en particular a la industria que hoy se encuentra en fase de desmantelamiento para que genere nuevos empleos.


En paralelo, hay que recuperar el sistema de ciencia y tecnología, que ha sido desmantelado por la gestión de Cambiemos, para que provea la innovación necesaria que garantice la competitividad de las empresas nacionales y fortalezca las capacidades y la planificación del Estado Nacional. Pero aún más importante, el Estado debe recuperar el rol de principal emprendedor en tecnología como lo hacen los países desarrollados. Los avances argentinos en materia nuclear, satelital y biotecnológica fueron fruto de la sostenida inversión estatal. Es preciso que el Estado vuelva a invertir en materia nuclear, satelital y defensa y se asocie con el sector privado en áreas como nano y microelectrónica, desarrollo de nuevos fármacos y biotecnología. Y-TEC, el resultado de la asociación entre YPF y el CONICET, es empresa dedicada al desarrollo tecnológico en el área de energía que ofrece un buen ejemplo de estas posibilidades.


-¿Cuáles son los aportes que se pueden realizar desde el Congreso?


-El Congreso ha sido fundamental garantizando el desarrollo nuclear, el satelital y la producción pública de medicamentos mediante leyes específicas sancionadas durante el gobierno anterior e ignoradas por la actual gestión. En el año 2015 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, que entre otras cosas, determinaba un "Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035" como una continuidad de políticas de Estado, que hoy se incumple.


En otro ejemplo, se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos cuyo objetivo esencial era promover la actividad de los laboratorios de producción pública de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos, que hoy se encuentra sin financiamiento. Hoy es necesario la sanción de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que fue aprobada por el Senado pero que no ha podido avanzar en Diputados por la resistencia del oficialismo a tratarla. Este proyecto garantiza el desarrollo científico tecnológico para los próximos años y otorga certezas para el desarrollo de un sector que requiere continuidad en el tiempo. También precisamos una nueva Ley de Ciencia adaptada a las condiciones actuales.


-¿Considera relevante poder dialogar con parlamentarios de América Latina?


-Es importante dialogar con los legisladores del resto de la región ya que permite una mirada amplia y precisa sobre el contexto económico social de América Latina en un momento de turbulencias económicas y disputas geopolíticas. Considerando el desarrollo relativo de cada uno de los países de la región, con sus diferentes capacidades productivas y especialidades, precisamos encontrar las complementariedades para potenciar el desarrollo de cada uno, y de la región en su conjunto. Esta mirada y el debate que se generará en la reunión permitirán encontrar coincidencias para avanzar en un proceso de integración que resulta imprescindible para el futuro de la región.


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