El Banco Central argentino profundizó el proceso de desregulación financiera, bancaria y cambiaria iniciado hace tres años. Publicada a fines de 2018, la comunicación A 6619 redujo el caudal de información vinculada a los reportes de operaciones sospechosas que deben proveerle casas y agencias de cambio. SES América Latina conversó con la abogada Alejandra Freire del Centro de Estudios Estratégicos de Integración Financiera (CINFIN) para conocer el alcance y los riesgos asociados a esas recientes medidas. La letrada especializada advierte que los cambios introducidos por el Banco Central al régimen informativo de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) eliminaron “insumos estratégicos para prevenir la criminalidad económica”.

 

-¿Cuáles son las implicancias que tienen los cambios en el regimen informativo de los ROS?

 

-Me gustaría hacer una aclaración. No se eliminaron los ROS. Las agencias y casas de cambio siguen siendo sujetos obligados de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), eso no se modificó. Porque, en realidad, la UIF es el único organismo del Estado que recibe esos reportes sobre transacciones que podrían estar vinculadas con el lavado de dinero. Pero, el Banco Central, que también es un sujeto obligado de derecho a informar a la UIF, contaba con los datos de los reportes realizados por las casas y agencias de cambio, que estas remitían en cumplimiento del régimen informativo. Esa obligación, ahora sí, quedó sin efecto por decisión del Directorio del Banco Central. Es el propio organismo que no quiere contar esa información.

 

-¿A qué se refiere?

 

La máxima autoridad bancaria del país carece ahora de un insumo estratégico para prevenir contra la criminalidad económica. En los Regímenes Informativos el Banco Central concentraba varios segmentos estadísticos como cantidad y monto de las operaciones, o las zonas geográficas. Eso último es importante. Vamos a suponer que una agencia instalada en una gran ciudad hace años que no reporta un ROS, ese solo hecho debería poner en alerta a la entidad bancaria rectora.

 

-¿Se debilitan los mecanismos de control y la articulación entre el Banco Central y la UIF?

 

-Claro, además, en el Banco Central hay una Gerencia Principal de Cumplimiento ante la UIF que se encarga de monitorear a las agencias y casas de cambio en materia de lavado de dinero. Pero, ahora, repito, dicha gerencia no tendrá más el insumo de los Regímenes Informativos. Y, ¿Por qué era importante ese canal de comunicación institucional? Porque la UIF sola no puede supervisar al conjunto de sujetos financieros obligados, que son más de treinta mil según las últimas estadísticas;. Logísticamente, es muy difícil.

 

En definitiva, el combate contra la criminalidad económica exige un trabajo conjunto entre la UIF y el sistema financiero en sentido amplio. Esto de manera conjunta con el Banco Central, el INAES, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Comisión Nacional de Valores. Cuantos más ojos supervisando, mejor.

 

Un dato preocupante es que días atrás el BCRA emitió la Comunicación 6623 por la que se publicó el texto ordenado del Régimen Informativo Contable Mensual, entre el que se incluía el de prevención de lavado de activos, digo se incluía porque ya no está y a pesar de que solo se informó públicamente que se dejaba sin efecto solo para las casas y agencias de cambio, parecería que tampoco los bancos van a informar los datos de los reportes que realizan ante la UIF.

 

-¿Cuál es la posición oficial para avanzar en ese sentido?

 

-Supuestamente, como suelen pregonar desde diciembre del 2015, la entidad busca agilizar y desregular la actividad bancaria. El Directorio del Banco Central también aduce que busca hacer todo más transparente porque se estaría sorteando trabas burocráticas con la decisión de liberar los Regímenes Informativos. Ese discurso estuvo presente también cuando modificaron la política de autorización hacia las agencias y casas de cambio.

 

Antes, esas unidades debían solicitar un permiso de operaciones al Banco Central, presentar una serie de documentación, era un trámite largo y con múltiples capas de monitoreo. Ahora, la solicitud se realiza electrónicamente y el aval se obtiene de forma sencilla. Hasta ahora la experiencia indica que es un procedimiento para nada engorroso. El Banco Central busca expandir la actividad de las agencias y casas de cambio; sin embargo, no se observa un crecimiento de ese rubro.

 

-¿Qué políticas aconsejan aplicar desde el Centro de Estudios Estratégicos de Integración Financiera para profundizar el monitoreo contra la criminalidad económica?

 

-Básicamente, que haya un celo más agudo y un trabajo más coordinado entre los organismos de control. Tanto la UIF como el Banco Central deben establecer una agenda común.

 

-El gobierno impulsó a lo largo de los últimos tres años el desarrollo del sector de la intermediación financiera digital, ¿cómo evalúan el marco regulatorio vigente?

 

-Nuevamente, el Banco Central busca no regular a las FinTech porque lo estima conveniente para expandir la actividad financiera. Y tengamos en cuenta que la normativa permite a los bancos comerciales y a las compañías financieras tener participaciones en el capital de empresas FinTech. Y recordemos que en un sector en ascenso, las FinTech son todas las plataformas de pago, las denominadas billeteras electrónicas, o las plataformas que dan crédito on line; en definitiva, es un sector que aplica la tecnología para desarrollar la actividad financiera.

 

Pero, insisto, el Banco Central argumenta que es un mercado poco significativo para regular. Desde el CINFIN discrepamos de esa lectura porque, repito, los bancos tienen vasos comunicantes con las FinTech; entonces, hay un volumen de operaciones, de los propios bancos, que no están sujetas a control por parte del Estado. Eso habilita una zona de riesgo en el combate a la criminalidad económica y baja considerablemente los controles a la evasión financiera.

 

-¿Consideran suficientes los informes elevados por la UIF ante el Congreso nacional?

 

-La UIF debe rendir cuentas ante el Congreso y lo hace presentando un informe anual. Un ejemplo, si vemos el informe publicado en la página web de la UIF correspondiente al año 2017 surge que la mayoría de los ROS emitidos por las entidades financieras no cumplen con los plazos estipulados para informar, no valoran bien el riesgo, no informan DNI o CUIT del reportado, o tienen información contradictoria sobre los mismos; es decir, la mayoría de los ROS están mal confeccionados.

 

A su vez, el BCRA no ha publicado sumarios en los que se sancione a entidades por incumplimiento de la normativa antilavado. Además, la UIF entendió, recientemente, que el HSCB no había incumplido la normativa antilavado por no reportar una operación realizada por un narcotraficante. Un banco del que la Vice del organismo fue abogada antes de aceptar el cargo. Pero, nada de eso sorprende, si tenemos en cuenta el proceso de desregulación que se comenzó a implementar desde diciembre de 2015. Para el Banco Central, bajo la premisa de mayor eficiencia y competencia del sector financiero, es mejor no supervisar, no tener información y no sancionar.

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