Protegiendo al capital


Verónica Grondona, Martín Burgos y Magdalena Rua, especialistas argentinos en el combate a la opacidad tributaria, acaban de publicar un trabajo de investigación encargado por el bloque europarlamentario de izquierda GUE/NGL. El paper titulado "Negocios oscuros, cómo el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea facilitaría los flujos financieros ilícitos (FFI)" advierte que la hoja de ruta comercial entre Bruselas y el Mercosur alienta la elusión y evasión fiscal.


“Se limitarán los controles de capitales y los servicios financieros especulativos serían liberalizados. Al mismo tiempo podría limitar las posibilidad de listar las guaridas fiscales, y tomar medidas contra ellas en materia fiscal y prevención del lavado de dinero, si éstas se encuentran en alguno de los dos bloques que firman el acuerdo. Los países del Mercosur poseen un stock de riqueza financiera offshore superior a los US$ 853,7 mil millones en 2017. Ese flujo, que sale del bloque, priva a los países de dinero que no es re-invertido ni es fiscalizado. De manera similar, el stock de riqueza offshore saliente de algunos países de la Unión Europea supera los billones (Luxemburgo: $12,6 billones, que representan un 20185% de su PBI; Países Bajos, $10,1 billones, 1228% de su PBI), el riesgo de inestabilidad financiera es alto, particularmente considerando que estos son flujos que tampoco son fiscalizados. El acuerdo UE-Mercosur puede por lo tanto exacerbar el problema para las dos partes”, detalle el informe. SES América Latina habló con Grondona sobre el mencionado documento.


-Para empezar y teniendo en cuenta que, a pesar de ser un debate recurrente en las organizaciones que bregan por la justicia fiscal, no es un término de uso común en la agenda pública, ¿Qué son los flujos financieros ilícitos?


Su definición sigue estando en debate. Para algunos y algunas los FFI incluyen únicamente los flujos de dinero de origen ilegal, como puede darse a partir del contrabando, o también por la trata de personas. Sin embargo, para nosotros -el bloque europarlamentario GUE/NGL- esa categoría comprende operaciones económicas que pueden darse dentro del marco legal. Por ejemplo, la elusión y evasión fiscal, y también el apartamiento de medidas como el control de capitales.


-¿Por qué afirman que el tratado entre Bruselas y el Mercosur refuerza la opacidad tributaria a favor de los grandes actores económicos?


-La advertencia central hecha es que si el acuerdo intrabloque no incorpora cláusulas específicas anti elusivas o medidas contra los flujos financieros ilícitos, inevitablemente, aumentará la opacidad tributaria. Hoy existe un cierto control de capitales para los flujos que salen del Mercosur, y también la Unión Europea ejerce un monitoreo en el mismo sentido. Pero, la zona de riesgo para el Cono Sur aparece porque Bruselas no impone un severo control de capitales intrazona. Entonces, al adherir a este tratado de libre comercio, el bloque mercosureano entraría en esa lógica desreguladora como una pieza más de la UE.


Por otro lado, debemos recordar el carácter ultrasecreto del acuerdo. Las organizaciones sociales, lo sindicatos, los parlamentos nacionales, los parlamentos regionales -como el Parlasur o el Parlamento europeo- han accedido de manera muy limitada a la información. Y cuando han conseguido datos relevantes, lo han hecho a través de filtraciones que surgieron al interior de los negociadores diplomáticos. A pesar del mutismo general, sabemos que reducir el control a los capitales constituye un capítulo nodal en la mesa de diálogo.


A su vez, entendemos que en las negociaciones no hay mucho interés entre las partes de avanzar con una agenda común contra la elusión y evasión fiscal. ¿Qué solicitamos? Que el acuerdo sea muy explícito en el monitoreo con las operaciones comerciales o transferencias de dinero hacia jurisdicciones reconocidas por ser zonas offshore o no cooperantes en transparencia tributaria. Indudablemente, el acuerdo de libre comercio va a fomentar que las autoridades bancarias públicas sean menos rigurosas al momento de fiscalizar las entradas y salidas de capital porque habrá un paraguas económico diplomático que tenderá tácitamente a comportarse de esa manera.


Además, en el documento mencionamos unos fallos de la OMC adversos hacia la Argentina y Colombia por considerar que ciertas medidas de los países sudamericanos eran discriminatorias hacia Panamá. Esa permisividad del organismo hacia las zonas offshore es más notoria aún en la eurozona, que ya no considera por ejemplo a Malta, Irlanda o los Países Bajos como guaridas fiscales, a pesar de toda la evidencia aportada por especialistas en el combate a la elusión y evasión tributaria. Nuevamente, en el marco de un TLC, entendemos que van a ser muy dificultosas la instrumentación de acciones unilaterales contra los paraísos fiscales.


-Entonces, ¿el acuerdo sería permisivo con las zonas offshore? ¿Esa es la advertencia central del documento?


-Exactamente. En ese sentido, en una de las secciones hemos incluido citas a otros estudios, incluso del propio Parlamento europeo, sobre otros acuerdos firmados por Bruselas con diversos bloques comerciales, y de los mismos se puede concluir que la UE ha tenido generalmente una política laxa hacia los flujos financieros ilícitos.


-¿Los países europeos que suelen ser caracterizados como zonas offshore han solicitado cláusulas particulares en la negociación para resguardar su posición?


-No, hasta donde yo sé. Sin embargo, la Comisión Europea sí protege a estas jurisdicciones porque necesita el voto de esos países para que haya ciertos consensos legislativos zonales. La movilidad libre de capitales y el incentivo de inversiones son presupuestos que Bruselas considera vitales. Recientemente, una funcionaria que acudió recientemente a la comisión Tax 3 del Parlamento -que sigue derivaciones locales surgidas a partir de los llamados Paradise Papers- justificó la no inclusión de medidas más severas contra el lavado de dinero en los TLC impulsados por Bruselas por el hecho de considerarlas cláusulas nocivas contra un buen clima de negocios.


-¿Los compromisos fiscales que afloran en los acuerdos de libre comercio suelen ser los promovidos por la OCDE? ¿Consideran que dicha agenda es progresiva o tolerante con la elusión fiscal de las grandes corporaciones?


-Sí, en general, las recomendaciones en transparencia fiscal incluidas en los tratados de libre comercio son las referidas por la OCDE, como el denominado plan de acción BEPS (contra la erosión tributaria y la disminución de la base imponible). La Unión Europa en general se apoya siempre en las decisiones tomadas por la OCDE. Para nuestro bloque esa posición es un problema porque, a pesar de los aspectos positivos explicitados en la agenda OCDE, como el informe país por país, entendemos que parten de un primer paso fallido: el criterio de la libre concurrencia. Para nosotros esa categoría es débil contra la elusión y evasión, e incluso legaliza esas prácticas porque hace. muy difícil la tarea de las autoridades tributarias.


A su vez, desde hace muchos años, la OCDE está tratando de ocupar un lugar vacante dentro de Naciones Unidas. Y, por supuesto, lo hace gracias al lobby de la Cámara Internacional de Comercio, donde es protagonista la voz de las multinacionales. Se trata de un actor corporativo muy influyente. En la Argentina ese cabildeo a favor de las grandes empresas fue muy bien expuesto por Toni Figueroa, en su momento parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas en la materia.


Por último, desde la perspectiva regional, ¿Qué país o sector productivo quedaría más expuesto en su agenda fiscal si se pacta finalmente el acuerdo Mercosur- Unión Europea?


-Por una cuestión de tamaño, Argentina y Brasil son los países con una mayor riqueza financiera offshore. Haría la salvedad que Brasil tiene, en comparación con Argentina, una legislación más rigurosa para controlar a las multinacionales el mecanismo de elusión conocido como precios de transferencia. A su vez, los socios mayores del Mercosur están interesados en modificar sus normas tributarias para poder ingresar al club de países de la OCDE, eso implicará entonces una mayor debilidad de las políticas públicas contra los movimientos elusivos del capital.

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