Reforma Tributaria en Argentina


Los programas de ajuste suelen recaer sobre los pueblos, y no sobre las corporaciones. En Argentina, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Mauricio Macri implementó un plan de recortes del gasto público que afectará a los sectores más vulnerables de la población. “Hay que gastar menos”; o “es necesario ordenar las cuentas públicas”; y “debemos terminar con el despilfarro de recursos estatales”, son algunas de las justificaciones utilizadas por los funcionarios públicos para referirse al achicamiento del Estado.


Entre las medidas que forman parte del programa de austeridad adoptado por la Casa Rosada para garantizar el repago de la deuda externa se destacan cinco reducciones: quita de subsidios en energía y transporte, menos empleo público, desinversión pública en obras de infraestructura, y menos prestaciones en seguridad social.


De ese manera, la administración Cambiemos profundizó en los últimos meses un proceso de racionalización del empleo público, un eufemismo de despidos y precarización. Otras acciones del gobierno argentino que son parte del paisaje actual tras el apretón de manos con Christine Lagarde: reducción de la obra pública, desinversión en sectores clave de la economía, rebaja del gasto en asistencia social, achique de jubilaciones y pensiones.


Las ofrendas realizadas para intentar despejar las dudas sobre la capacidad de pago de los servicios de la deuda no solo no permitieron recuperar la confianza de los mercados sino que fueron acompañadas por una pérdida en la capacidad de compra de los trabajadores argentinos. En otras palabras, el paquete de medidas comprometido al board del Fondo por las autoridades representa notoriamente una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados.


Ejemplos. El concentrado rubro de los agronegocios fue el segmento económico más favorecido por la reciente devaluación; en ese sentido, la quita de los derechos de exportación alcanzó a productos primarios como trigo y maíz mientras que la soja, el commodity donde se asientan las inversiones del agronegocio transnacional, fue beneficiada por una importante reducción en las alícuotas. A esas cifras debe sumarse las quitas de retenciones a las exportaciones de productos industriales y mineros.


El compromiso del gobierno de Macri con el FMI es finalizar 2018 con un déficit fiscal de 2,7% y atravesar 2019 con un “déficit cero”. La profundización del ajuste asumida ante el fracaso de sus políticas para controlar la crisis económica implican modificar la forma de financiarse ya que al reducir la carga tributaria se opta, inexorablemente, por el camino del endeudamiento serial que será pagado con creces por las actuales y futuras generaciones de argentinos y argentinas.


Claro que de acuerdo a palabras del propio Presidente Macri, "veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas”. Al decodificar este mensaje puede advertirse que esto significa que Argentina buscó generar, con las reformas planteadas, un clima amistoso para el empresariado global. Esas élites, supuestamente, debían dar rienda suelta a la amplia y demorada lluvia de inversiones, pero inesperadamente el mundo cambió y fue la volatilidad del mundo la responsable de la crisis.


La irrupción de una crisis, para algunos, autoinfligida llevó al gobierno de la alianza Cambiemos a poner su reforma tributaria en suspenso. Así, la mentada rebaja o quita de retenciones a las exportaciones fue demorada básicamente por un problema de liquidez. La rebaja gradual del impuesto a las ganancias que iba a reducirse de 35% a 25% hacia el 2020 se pospuso. El gravamen del 21% a los servicios digitales (impuesto Netflix) también fue demorado.


Una economía en recesión no recauda, claro está, lo suficiente para afrontar los gastos corrientes del Estado y si, además, el gobierno a cargo lleva adelante medidas para reducir aún más la base recaudatoria, el cóctel es altamente perjudicial. La cobertura de ese déficit es corregida por el endeudamiento creciente que ya alcanza casi el 70% del PBI, el porcentaje más alto en 12 años. Toda una bomba de tiempo.


Claro que no fue solo una decisión del gabinete nacional el demorar algunas partes de la reforma. Se ve, claramente, la mano del Fondo Monetario Internacional cuando manifiesta la necesidad de “retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria, como un medio para preservar los ingresos”. Otro pasaje de aquel informe sugiere “vender tierras y amortizar los activos de los fondos de pensiones (en poder del gobierno) para financiar parcialmente el pago del gobierno de los reclamos de pensiones pasadas”.


Cumbre y abismos del G-20


Una vez más queda de manifiesto desde dónde y para quién se gobierna en esta Argentina anfitriona de la cumbre del Grupo de los 20 y de la Organización Mundial de Comercio. Según un informe de la Central de Trabajadores Argentinos, “los trabajadores perdieron más de 3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Eso implicó una transferencia de ingresos de 16.000 millones de dólares, que provocó una caída en la participación de los asalariados del 37,4 al 34,3 %”

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Pero, lo más preocupante que se observa en las sugerencias del Fondo tiene que ver con la reducción de la masa salarial mediante la reducción del empleo público mediante el congelamiento de salarios para 2019 y 2020. Incluso, ese planteo abarca al sistema universitario.


La reacción de los grandes grupos económicos a raíz de esta suspensión en las rebajas de retenciones a la exportación no se hizo esperar. El grupo de empresas y holdings cerealeros desató su aparato de lobby político y mediático para posicionar su mirada e intentar convertir su reclamo sectorial en un problema nacional. El titular de la Sociedad Rural Daniel Pelegrina recordó, por ejemplo, que “el cambio de reglas de juego en este momento sería malo". Sobre el impuesto a los bienes personales para los inmuebles rurales (anteriormente exentos), que irían del 0,25% al 0,75% según valuación fiscal, Pelegrina declaró victimizando al sector: “Parece que hay un ensañamiento con el campo”.


Es evidente la necesidad del gobierno de hacer más “atractiva” a la Argentina frente a los ojos del capital transnacional, hacerla más “competitiva”. El aumento en las tarifas de servicios públicos, la rebaja de impuestos a sectores concentrados, la apertura indiscriminada de las importaciones vía rebaja de aranceles y el endeudamiento sin freno para cubrir la crisis financiera son condimentos suficientes para hacer de este presente un momento muy complejo para los millones de argentinos y argentinas que viven de su salario. Una vez más ganan los poderosos y su capacidad de cooptar el poder para intentar institucionalizar el saqueo de nuestros países.


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