“Argentina es un coto de caza offshore”


La Inspección General de Justicia pretende flexibilizar los requisitos de inscripción de las sociedades extranjeras que buscan operar en Argentina. Varios analistas y académicos coincidieron en observar esas medidas como pasos riesgosos, similares a los que han tomado otros gobiernos que hoy son caracterizados, en la prensa mundial, como guaridas fiscales o plazas offshore. SES América Latina consultó sobre el tema a Pedro Biscay, ex director del Banco Central de la República Argentina y actual impulsor del CINFIN, un centro de estudios contra la criminalidad económica.


-La Inspección General de Justicia (IGJ) busca, a través de una resolución, flexibilizar los requisitos de inscripción a las sociedades extranjeras que pretendan operar en el país. A su vez, el gobierno nacional anhela generar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires una nueva IGJ, con un perfil menos regulador. ¿Esos dos pasos tienen como común denominador la intención de transformar a la Argentina en una nueva plaza offshore?


-El gobierno nacional, al igual que el Banco Central, se han encargado desde la asunción de Mauricio Macri de proponer regulaciones normativas sobre los organismos de control, y sobre la actividad comercial y financiera en su conjunto, con el propósito de simplificar requisitos y estándares, tanto informativos como contables, a las empresas extranjeras con deseos de operar en nuestro país.


Por supuesto, ese presupuesto de qué el menor control estatal potencia las inversiones externas, es un presupuesto discutible, equívoco. Básicamente, porque el Estado no está para darle un servicio a las empresas, si no para garantizar derechos fundamentales y para garantizar la eficacia de las políticas públicas con un sentido universal de las mismas. Eso se evidencia en la intención de trasladar la IGJ al ámbito de la Ciudad (de Buenos Aires). Una fiscal de Cámara del fuero Comercial intentó frenar ese proceso, y luego hubo una presión muy fuerte en el ámbito de la Justicia comercial para que esa acción, precisamente, pierda eficacia y así en definitiva la IGJ pase a la capital federal.


En todo caso, el objetivo del actual gobierno es convertir a la Argentina en un centro financiero offshore. El otro costado de está historia transcurre en el Banco Central, que ha tomado también una serie muy importante de decisiones tendientes a desregular las finanzas y así favorecer a los capitales del exterior de índole especulativo para que lleguen al país a realizar inversiones de corto plazo. Considero que eso es sólo una fase de todo un proceso desregulatorio que se está dando con el objetivo siempre puesto en que empresas y activos del exterior inviertan en Argentina, a través de fondos comunes, para darle mayor grado de profundidad a la renta especulativa.


Entonces, es obvio concluir que la resolución 6 del 2018 de la IGJ busca promover que empresas offshore puedan constituirse en Argentina para realizar operaciones comerciales de todo tipo. Repito, sí las autoridades y los parlamentarios de Argentina no le ponen un freno a estás medidas desregulatorias, seguramente vayamos a un escenario donde se profundicen la conformación de conglomerados financieros offshore en la Argentina.


-Concretamente, te lo pregunto como ex director del Banco Central, ¿Qué medidas puede tomar la institución madre bancaria para ponerle coto o seguimiento a esos capitales especulativos financieros?


-El actual BCRA desandó una batería de regulaciones vinculadas, primero, con la confección de estadísticas en materia cambiaria; segundo, con la administración de regímenes informativos también en materia de mercado de cambio; y en tercer lugar con medidas prudenciales a monitorear la salida de capitales. Son tres ejes donde el Banco Central actuó a través del directorio presidido por (Federico) Sturzenegger muy activamente para liberalizar el mercado financiero. Esas medidas, precisamente, deberían reestablecerse porque estamos viviendo una sangría financiera expresada en la fuga de capitales. Desde que asumió (Mauricio) Macri se han ido del país arriba de 56 mil millones de dólares sólo en concepto de formación de activos externos.


Otra medida prudencial al monitoreo del ingreso de dolares especulativos puede ser fiscalizar el margen de permanencia de dichos flujos de dinero. O establecer controles de los conceptos vinculados con el pago de deuda financiera al exterior. O establecer controles sobre los mecanismos de sobrefacturación de importaciones. O fijar controles sobre los mecanismos de subfacturación de exportaciones.


Todo lo señalado constituyen diferentes herramientas para solidificar la regulación cambiaria, que por supuesto es un capítulo complejo pero que tiene un sentido: mantener una política muy consistente de monitoreo sobre la cantidad de dólares que ingresan y se van del país. Lo central, en todo caso, pasa por reconstruir una política genuina de control del comercio exterior y de administración del uso de reservas que se utilizan para pagar compromisos internacionales en materia de deuda externa, como en materia de compromisos vinculados con las importaciones del sector privado.


Por último, aconsejaría reestablecer derechos de exportación, que estén bien definidos, y que sean consistentes como una política, no solo recaudatoria, si no como una política de administración de la política de cambios.


-Administraciones como las de Mauricio Macri suelen hacer mucho hincapié en la autonomía del Banco Central. ¿Qué reflexión te merece esa aseveración?


-En primer lugar, este gobierno, en línea con la ortodoxia económica, se ha encargado de sostener un Banco Central que se proclama independiente pero que, en los hechos, se ha mostrado como fuertemente dependiente de la Casa Rosada en dos sentidos. Primero, es dependiente del Poder Ejecutivo Nacional porque son muy visibles los vínculos entre (Luis) Caputo (Presidente del BCRA) y el presidente Mauricio Macri, lo mismo se observó durante la gestión de Sturzenegger.


Pero, es mucho más grave que el Banco Central no sea independiente del mercado financiero. Los directores de está gestión del Banco Central son actores que dependen fundamentalmente de los intereses y las necesidades del mercado financiero. En todo caso, el problema de la independencia de los Bancos centrales es que sí no se le pone un control al mercado financiero lo que sucumbe, no es el Banco Central, si no la estabilidad del propio sistema democrático. Esa, creo, es una de las grandes lecciones aprendidas post crisis del 2008. El sistema financiero tiene que estar sometido a controles democráticos porque cuando no tiene controles avasalla derechos y libertades individuales.


Observemos, por último, el tema de las reservas del Banco Central. La independencia de un país y la soberanía monetaria dependen de la política de administración de reservas del Banco Central. Por eso, la fuga de capitales de un país debe ser perseguida penalmente como delito porque es un delito de evasión de capitales que agrede el balance de pagos de un país. Y el principal responsable del balance de pagos es el Tesoro nacional, por un lado, y del otro lado es el Banco Central por su administración en las políticas de tasa de cambio.


Pensar un país sin reservas adecuadas al manejo de la política monetaria es pensar un país fuertemente dependiente del sistema financiero internacional. Hoy los números del Banco Central evidencian que un porcentaje elevado de las reservas están alquiladas por prestamos obtenidos del financiamiento internacional. Eso queda a la vista cuando en apenas dos meses el préstamo de 15 mil millones de dólares obtenidos del FMI se esfumaron producto de que el Banco Central no tiene una política de acumular reservas para manejar adecuadamente el tipo de cambio.


-Junto a otros expertos y colegas en el combate a la criminalidad económica como Alejandro Vanoli -ex presidente de la Comisión Nacional de Valores- estás creando el CINFIN. ¿Podes comentar de qué se trata el proyecto?


-El CINFIN es un centro de estudios para la integración financiera, que a su vez es parte del CEPPAS (Centro de Políticas Públicas Para el Socialismo). Concretamente, tenemos como objetivo estudiar propuestas de regulación y de reforma del sistema financiero en su conjunto. Nuestra aspiración es que el sistema financiero vuelva a estar al servicio de la producción, el trabajo y el desarrollo económico, siempre con el objetivo de que haya pleno empleo como horizonte estratégico.


A su vez, desde ese punto de vista, nos pusimos como meta trabajar en torno a la regeneración del sistema financiero bajo la idea fundamental de que dicho segmento de la economía es, en definitiva, un servicio público y no un coto de caza financiera para algunos bancos de inversión u otro tipo de agentes especuladores.


Ahora, claro, tenemos en carpeta trabajar temas de agenda que son muy importantes: por ejemplo, la problemática de la deuda. No sólo la deuda externa del país, que fue creciendo a niveles inusitados. Los montos de endeudamiento externo del gobierno de (Mauricio) Macri son inéditos, no hay una referencia temporal en la historia argentina de una relación de toma de deuda en tan corto tiempo, por montos tan altos. No olvidemos, incluso, que el gobierno argentino tomó una deuda a perpetuidad mediante un bono centenario. Un dato muy significativo. En síntesis, el grado de endeudamiento del actual gobierno es un hecho histórico. Pero, el problema no acaba con la deuda externa, que es un gran negocio para los bancos de inversión, si no que está la deuda popular.


-¿Te referís a la oferta de deuda otorgada por usureros?


-Claro. Hoy, la deuda de las familias, que está vinculada al quiebre del sistema productivo y de las economías familiares como resultado de una recesión económica muy fuerte producto de muchos factores, entre ellos la elevada suba de la tasa de interés de la economía. Una deuda familiar, decía, que crece además por la ruptura de la cadena de pagos en toda la economía. Hemos pasado de un sistema del endeudamiento de las familias que estaba ligado a cierta idea de ascenso social, a la compra de un electrodoméstico o el arreglo de la casa por ejemplo, a un endeudamiento familiar que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, estamos en un presente económico, donde las familias reemplazan la pérdida de salario por toma de deuda. Una situación muy peligrosa.


Entonces, la usura financiera está digitada por proveedores de crédito no regulados fuertemente por el Banco Central, y que están marcando una tasa de endeudamiento a niveles estrepitosos. Entonces, hay que defenderse del endeudamiento externo, límites legales a la capacidad del Estado de endeudarse, límites legales a la capacidad del Poder Ejecutivo de estructurar deuda sin previo control parlamentario. Y también hacen falta pensar límites y herramientas legales para frenar el endeudamiento de las familias.


-Ya que lo mencionas, ¿A qué tipo de herramientas de investigación pueden acudir para contar con un cuadro de situación, el financiero, donde suele dificultarse el acceso público a información relevante?


-Intentamos monitorear las principales variables macroeconómicas y las principales variables del sistema financiero. Eso nos sirve como brújula, como norte, para guiar diferentes evaluaciones que nos permite anticipar futuros escenarios del sistema financiero. O escenarios de riesgo que están vinculados al modo en que está operando el mercado internacional. O diagnósticos vinculados al estado de balance de pagos en Argentina.


La información hay que saber buscarla. Siempre hay datos interesantes en los balances del Banco Central, en las estadísticas del ministerio de Hacienda, en los informes elaborados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). En la propia indagación del presente económico hablando con los productores y trabajadores. Trabajamos muy activamente con actores sindicales, como La Bancaria. También nos vinculamos con actores de las pequeñas y medianas empresas. Esa, entonces, es nuestra línea de trabajo.



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