“Colombia tiene una vena rota por fuga de capitales”


El tan mentado milagro económico colombiano tiene, según dice Mario Valencia -vocero de la red de Justicia Tributaria- una matriz fiscal regresiva. El patrón tributario en detrimento de los sectores medios y trabajadores se ha profundizado, advierte Valencia, a partir de las recomendaciones de reformas elevadas por la OCDE.


-¿En qué consiste la reforma tributaria colombiana en curso?


-Primero, me gustaría aclarar que en mí país se han realizado 13 reformas tributarias en los últimos 20 años. Y en estos momentos el gobierno recién conformado por Iván Duque está preparando la reforma número catorce. En ese sentido, según lo anunciado por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, afectado por una investigación que demostró la conformación de una empresa suya en una guarida fiscal, las propuestas impositivas en curso tienen tres ejes centrales.


En primer lugar, aumentar el IVA a todos los productos de consumo básico en la canasta familiar a una escala de 19 puntos. De esa manera, desaparecerían las mercancías que tienen un gravamen de sólo 5% porque están vinculadas al consumo de sectores sociales desfavorecidos, ya sea por su condición social o por su identidad de género. En segundo término, la idea de Duque es aumentar los impuestos a los trabajadores colombianos.


El ministro Carrasquilla propone que los asalariados con ingresos mensuales de 633 dólares deberían empezar a pagar impuestos de renta, esa carga fiscal se sumaría a otros impuestos indirectos que afrontan con su bolsillo los trabajadores, como el IVA ya mencionado. Desde Justicia Tributaria nos parece una medida inconveniente porque el consumo de los hogares colombianos se ha venido reduciendo en los últimos años por cuenta de la desaceleración económica, y esas medidas entonces sólo agravarían el cuadro descripto.


El tercer aspecto del programa tributario pasa por bajar la tarifa de renta a las empresas. En ese sentido, Duque justifica la dirección aludiendo que los actores privados ya pagan muchos impuestos y que, entonces, esa medida va a volver más competitiva la economía nacional.


-¿Por qué hay tantas reformas tributarias sucesivas a lo largo de la historia reciente de Colombia? ¿Se debe por qué cada gobierno quiere instrumentar su propio molde fiscal o se debe a presiones cada vez más recurrentes de los organismos internacionales de crédito?


-Hay un problema estructural en la economía de mi país. Se trata de una economía muy dependiente de la extracción y exportación de recursos naturales. Una economía cada vez más determinada por el peso del sector financiero y, a su vez, tenemos una canasta exportadora poco diversificada. Así que, en definitiva, el horizonte económico colombiano está muy atado a la cotización de los commodities. En ese sentido, el Estado viene intentando suplir esas falencias en la recaudación con la creación de nuevos impuestos.


Pero, la medicina, por así decirlo, nunca resulta suficiente. Cada gobierno que llega al Palacio Nariño busca subir la presión tributaria. Y, no está más aclararlo, el Estado suele incurrir en gravar los ingresos de los sectores medios y de los sectores trabajadores. De esa manera, la estructura tributaria colombiana se ha hecho cada vez más regresiva. Se cobrar cada vez más impuestos indirectos y, por el contrario, la promoción de impuestos directos es cada vez menos frecuente.


Por otra parte, en cada reforma tributaria hay un aumento de los beneficios tributarios otorgados por el Estado a señalados sectores productivos del país. Y eso está generando un hueco grande en las finanzas de la Nación.


-¿En qué medida el ingreso de Colombia a la OCDE implicó, nuevamente, modificaciones tributarias regresivas?


-En el plan nacional de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos se incluyeron 136 recomendaciones de la OCDE en pos de conseguir la membrecía anhelada. De esa manera, Colombia subió el IVA de 16 a 19 por ciento, disminuyó la carga tributaria a las empresas y aumentó significativamente, en un rango de casi un 800%, los impuestos destinados a los trabajadores. A pesar de todo lo mencionado, Colombia no ingresó al organismo. Así que, sí, hay una influencia grande de parte de la OCDE para que se tomen medidas en materia tributaria y en materia pensional.


-¿Cuál es vínculo entre la fuga de capitales en tu país y las zonas offshore caribeñas?


-El año pasado hicimos un estudio donde demostramos que, producto de la subfacturación llevada a cabo por los actores concentrados de la economía, el Estado dejó de recaudar 2600 millones de dólares por año. Ese mecanismo de subfacturación se lleva a cabo gracias a la prestación contable que prestan los paraísos fiscales. Esos mecanismos elusivos perpetrado por las elites suelen consistir en declarar una menor tasa de ganancia en los flujos exportables.


Además, la elusión cobra mayor relevancia ya que Colombia omite intencionadamente la firma de acuerdos serios y rigurosos con Panamá en el capítulo de intercambios automáticos de información, que como sabemos es medida promovida a nivel global para disminuir los flujos financieros ilícitos. Así que ahí el país tiene una vena rota en materia de fuga de capitales, porque no se sabe cuanta plata se pierde cada año por culpa de esos mecanismos elusivos que no se persiguen por parte del Estado.


-¿Por qué, recurrentemente, es señalado el sector extractivista de la economía como el más ligado a la elusión y a la evasión fiscal?


-Porque es, por lo menos en los países de la región, donde el Estado ejerce menos control en las actividades de expolicación que ejercen las multinacionales extractivistas. Colombia no tiene la capacidad de asistir, fiscalizar y supervisar cuánto se extrae, por ejemplo, de carbón o cuánto se extrae de petróleo, o para controlar qué tipo de vínculos tienen esas empresas con firmas montadas comercialmente en zonas offshore.


Las empresas mineras que operan en Colombia extraen los recursos naturales, se los venden a empresas del mismo grupo económico radicadas en paraísos fiscales y, finalmente, venden esos recursos extraídos a un precio más barato para eludir el pago de impuestos al fisco nacional. Todo eso sucede porque no existe una voluntad política suficiente para acabar con ese mecanismo elusivo montado.

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