Una calculadora de la desigualdad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capítulo regional de la red global Oxfam está lanzando hoy miércoles 22 de agosto la plataforma digital dataIGUALDAD (www.dataigualdad.org). Los usuarios podrán acceder a una detallada base de datos duros fiscales sobre los países latinoamericanos. De esa manera, al ser una herramienta ágil y atractiva, la Plataforma expone de una forma cruda la inequidad social en la región. Rosa Cañete, Coordinadora del programa de lucha contra la desigualdad y la captura del Estado de Oxfam en América Latina y el Caribe., explica que, según conclusiones tomadas de la “calculadora de la desigualdad”, el “Gobierno argentino podría contratar casi 160 mil médicos con el volumen de recaudación tributaria que hoy cede a las empresas eximiéndolas del pago del impuesto sobre la renta”.

 

-Han decidido lanzar una plataforma continental para visibilizar los retos comunes en materia fiscal. Parece un proyecto tan interesante como ambicioso. ¿Por qué les pareció necesario impulsar dicha iniciativa?

 

La idea es ayudar a democratizar las decisiones gubernamentales en materia fiscal, acercando a la ciudadanía al impacto que tienen en su cotidianeidad. El aumento del número de personas en situación de pobreza en la región hace prioritario enfrentar de forma decidida la desigualdad extrema. La política fiscal, es decir cuánto y de quién recauda el Estado y cómo y en qué lo invierte, es central para enfrentar la desigualdad extrema y poder garantizar derechos iguales a toda la ciudadanía. Pese a esto, la política fiscal es a menudo considerada un espacio de mero debate técnico, un área que la ciudadanía no comprende suficientemente bien y por lo tanto en que no consigue participar de forma suficiente.

 

Este portal de acceso a datos públicos tiene como objetivo facilitar a investigadores/as y a la ciudadanía en general posicionarse sobre decisiones fiscales que afectan su cotidianidad y sus derechos, y por lo tanto el nivel de pobreza y desigualdad. Contiene la mayor base de datos sobre temas fiscales y áreas relacionadas que existe en la región. Es trabajada de forma ágil, fácil y visual, de descarga abierta, con datos país por país de 1990 a 2016. Contiene información sobre ingresos tributarios, gasto público, democracia, corrupción, transparencia, participación y garantía de derechos como salud, educación y vivienda.

 

Creemos que no es posible que en un sistema democrático la ciudadanía quede fuera del debate fiscal porque es en él que se definen gran parte de las prioridades de una sociedad. Por esta razón hemos creado esta plataforma, que intenta facilitar el acceso abierto a los datos y la participación ciudadana.

 

-¿Qué fuentes informativas utilizaron para construir la plataforma?

 

Esta base de datos se alimenta de indicadores recopilados por diferentes instituciones y centros de investigación expertos en los temas trabajados, así como de fuentes oficiales de los diferentes Estados de la región. En cada indicador puede encontrar la definición y la fuente específica de donde se extrajo.

 

En ese sentido, las principales fuentes son:

 

Las “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 1990-2016” aunadas por organismos como OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la CEPAL (Comisión Económico para América Latina y el Caribe). A su vez, incorporamos data elaborada por informes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias) y la Base de Datos de Inversión Social de la CEPAL. También hemos utilizado fuentes de datos provenientes del Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas, que recogen anualmente información sobre cultura política. A su vez, contamos con algunos indicadores levantados por Open Budget, que hace foco en la transparencia de los gobiernos y la participación ciudadana.

 

Aparte de los indicadores levantados de estas bases de datos, se han desarrollado cálculos para desarrollar mensajes que faciliten a la ciudadanía en general comprender el impacto de la política fiscal en sus derechos.

 

-¿Qué tipo de herramientas tendrá incorporada la plataforma para garantizar una interacción ágil?

 

La plataforma contará con dos componentes importantes:

 

El primero, es la propia base de datos con más de 77 indicadores donde la fiscalidad se puede relacionar con la garantía de derechos, la democracia y la participación en un formato ágil e intuitivo que facilita la consulta y la comparación. Está pensada principalmente para investigadores/as, academia, analistas, estudiantes o periodistas. Cuenta con información de cada uno de los países de la región entre los años 1990 y 2016. Es de acceso libre, es decir que toda la data es descargable en formatos abiertos y de uso práctico, y permite hacer visualizaciones dinámicas inmediatas y hacer extracciones de gran volumen de datos (big data).

 

La plataforma tendrá otro componente cuyo objetivo es dialogar más con la ciudadanía. Los datos duros de fiscalidad le quedan lejos de la cotidianidad a la mayoría de la población. Por esa razón, el segundo componente de la plataforma tendrá un lenguaje más llano y con imágenes la data podrá ser compartida luego en las redes sociales, acompañada de una estética agradable y atractiva que ayude a las personas a entender el impacto de las decisiones fiscales en su vida y así impulsar su participación.

 

Por ejemplo, hemos calculado que el Gobierno argentino podría contratar casi 160 mil médicos con el volumen de recaudación tributaria que hoy cede a las empresas eximiéndolas del pago del impuesto sobre la renta. Creemos que la ciudadanía debería poder participar de esta decisión.

 

-Ya que mencionas la importancia de ganar un lugar en el debate público, ¿Cómo observas el tratamiento del capítulo fiscal en los grandes medios de comunicación?

 

-Los medios, sobre todo en los últimos años, vienen jugando un rol activo en la cobertura de la problemática fiscal. Particularmente, los medios alternativos se han destacado en esa tarea, por ejemplo develando todo lo que nos ocultan los paraísos fiscales y quienes los utilizan. Los grandes medios de comunicación muy a menudo manejan el debate de ciertas temáticas fiscales en función de los intereses de sus dueños. Muy a menudo deciden de qué se habla y con qué enfoque, afectando la calidad democrática. El peso que tiene la publicidad estatal en algunos países de la región en la sostenibilidad de los medios de comunicación afecta también el tratamiento que reciben algunos temas vinculados con la calidad del gasto público.

 

-Entonces, ¿En qué mensajes deberían hacer foco los Estados para allanar el tema fiscal en la ciudadanía?

 

-Los gobiernos deberían alentar la participación civil en el diseño de las políticas públicas fiscales. Y, para eso, los Estados tienen que transparentar más la información fiscal. Se han dado grandes avances regionales en la discusión presupuestaria. Esa tendencia debería profundizarse. Es decir, los actuales gobiernos latinoamericanos han adscrito a las solicitudes internacionales que exigen más open data e, incluso, han incorporado los llamados presupuestos ciudadanos a sus agendas. Esos gestos son importantes porque la gente debe tener más fácil el acceso a la información pública. Esa búsqueda debe ser fácil. No hay que exigirle al ciudadano la lectura de un archivo pesado en PDF de 500 páginas para conseguir un número. La data debe ser clara y estar facilitada para un uso rápido de la misma.

 

Pero, volviendo a la pregunta, en el segmento tributario es donde más oscura está presentada la información y donde menos esfuerzo hacen los Estados en el trabajo de una comunicación inteligente, y por lo tanto democrática. Por eso, ahí vemos una brecha informativa más grande para la ciudadanía. La plataforma, claro, busca acortar esa distancia.

 

Por ejemplo, muy a menudo se discute la tasa de impuesto sobre la renta que deben honrar las personas autónomas o los empleados. Sin embargo, no se observa la misma intensidad en la discusión pública cuando están en debate los incentivos tributarios para ciertos sectores empresariales Y eso genera agujeros muy grandes en la recaudación.

 

La ciudadanía debería poder opinar sobre si es mejor dar privilegios tributarios a unas empresas suponiendo que generarán empleo o inversión, o si prefiere que el Estado recaude esos recursos y los utilice para dar buenos servicios sanitarios o educativos. Por lo pronto, el debate debe estar en boca de todos. Porque se trata de temas prioritarios.

 

Lo mismo sucede con el tópico de la evasión fiscal. Es un tema invisible en el relato público. Entonces, la ciudadanía no es consciente que esa evasión o elusión le roba capacidad al Estado para mejorar los servicios públicos, tanto en cantidad como calidad.

 

-¿Podes adelantar alguna conclusión estadística significativa que será compartida una vez publicada la plataforma fiscal?

 

-Los datos que levanta la plataforma muestran una gran heterogeneidad de los contextos de cada país en la región, pero, a su vez, hay unos retos públicos comunes que saltan a la vista con la recopilación estadística acumulada.

 

En la agenda de tributación es esencial que consigamos recuperar la progresividad del sistema. Eso se puede conseguir aumentando la carga sobre la riqueza, los beneficios y la propiedad. Por el contrario, el consumo y los salarios deberían estar menos gravados.

 

Otro ítem central en la progresividad del sistema tributario pasa por el abordaje de los incentivos fiscales a las empresas y la falta de evaluación de sus costes y sus beneficios para la sociedad. Los países de la región deberían cooperar para no disminuir más sus ingresos en vez de competir para atraer la inversión a base de privilegios.

 

Otro problema común es por el lado del gasto público, que pasa por enfrentar las políticas de austeridad que amenazan con volver a la región. Son políticas que ya fueron practicadas a nivel continental y con resultados trágicos en el cumplimiento de derechos sociales. Frente a la austeridad, desde Oxfam proponemos que los Estados pueden dotarse de recursos gravando la riqueza, el patrimonio o los beneficios empresariales. El otro gran reto es enfrentar la corrupción y asegurar que cada peso que se recauda se invierte en garantizar derechos.

 

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