“Financiar educación con deuda es un mal camino”


La especialista Marcela Browne representa a Fundación SES en la coordinación del Grupo de “Educación, empleo e inclusión” dentro del Civil 20, el espacio no gubernamental que vincula el debate y las demandas que, precisamente, la sociedad civil elevará a la cumbre de Jefes de Estado del Grupo de los 20, proyectada a fin de año en Argentina. Para conocer, precisamente, los desafíos globales, y por supuesto domésticos, que representa el capítulo educativo en el marco de una reunión multilateral tan significativa, hablamos con Browne en su oficina de trabajo.


-¿Con qué expectativas participa Fundación SES en el capítulo educativo del Civil 20? ¿Cuáles son las demandas centrales que están planteando a los gobiernos para que incorporen a la agenda de trabajo del G20?


-Varios ejes vertebran nuestra conversación. Algunos son más estratégicos, y otros más instrumentales. Pero, nuestro horizonte está muy alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 porque es un consenso global significativo, ya que fue logrado por 193 países. Las metas fijadas en el capítulo educativo de los ODS son tan amplias como rigurosas. Y el norte es claro: educación para la inclusión, y financiamiento para la justicia educativa.


-¿Qué es la justicia educativa?


-La apelación a la justicia impulsa que la inversión educativa apoye a los sectores que más lo necesitan. La distribución del presupuesto debería tener relieves, tantos como tiene nuestra sociedad. La población que vive en situación de pobreza estructural, por ejemplo, tendría que contar con más apoyo desde el Estado. En caso contrario, sí el presupuesto se reparte sin las discriminaciones a la que aludo, se termina profundizando las inequidades sociales, que en general están concentradas geográficamente. Eso lo estamos advirtiendo desde Civil 20.


Decimos que la educación es el derecho de los derechos. En el sentido de que, sin educación, hay reproducción de la pobreza porque el sistema educativo tiene vasos comunicantes, claro está, con la formación laboral.


Además, trabajar con las herramientas educativas permite vislumbrar las urgencias del presupuesto educativo. Porque, seguramente, con ese enfoque va a quedar más expuesto en qué ciudades, o en qué barrios postergados de esas ciudades, se necesita más escuelas, maestros, o puntuales actividades socioeducativas.


Por eso, las recomendaciones, no sólo de las organizaciones de la sociedad civil, si no de organismos multilaterales como la Unesco, remarcan qué el presupuesto en educación debe ser, centralmente, doméstico.


-¿Eso qué significa? ¿Los gobiernos no deberían tomar crédito internacional para apuntalar la educación?


-Implica que los países en vías de desarrollo construyan una política fiscal progresiva para sí tener recursos propios y para eso, claro, se requiere de un riguroso control estatal para disminuir la elusión y evasión fiscal. Por ejemplo, entendemos que Argentina necesita una reforma fiscal urgente. Acá se necesita una orientación tributaria más urgente: que el pobre deje de pagar tantos impuestos cada vez que compra el pan.


Entonces, necesitamos recursos propios, pero también vías de cooperación internacional para mejorar el presupuesto educativo. Así como en el campo tributario es atendible es exigir más a lo que más tienen, nos parece lógico solicitar una cuota de responsabilidad mayor a los países ricos en los ODS fijados en materia educativa. Pero, valga la aclaración: decimos cooperación internacional, pero no toma de deuda. Esa política sólo alimenta un círculo de mayor obligaciones fiscales a futuro, lo que termina erosionando el erario público.


-Esa mirada se contrapone a lo que en la narrativa de los organismos internacionales de crédito se denomina “nuevas políticas de financiamiento”.


-Insisto, lo importante es insistir es que cada país debe tener soberanía sobre su propio diseño educativo. Esa autonomía está vinculada con otro concepto importante con el que venimos insistiendo en los Policy Papers del Civil 20: la heterogeneidad educativa. El Estado, entendemos, no puede exigirle el mismo recorrido curricular a todos los estudiantes. Porque la diversidad de contextos en un país es muy significativa.


-¿Te referís a que haya una discriminación presupuestaria o curricular?


-A que haya una heterogeneidad en todo sentido. Curricular y presupuestaria, para atender a las necesidades diferentes a las que estoy aludiendo.


-Entiendo la lectura educativa que hace Fundación SES y Civil 20; ahora bien, ¿Cuál es la agenda en educación que están planteando los gobiernos reunidos en torno al G20?


-En estos momentos hay dos planteos abiertos en el G20. Los documentos base en financiamiento educativo del organismo sugieren la posibilidad de recurrir al crédito internacional para viabilizar el sistema educativo de nuestros países; y en esa estrategia algunos gobiernos hacen algún tipo de salvaguarda proteccionista. Pero, insisto, la toma de deuda para engrosar el presupuesto educativo nunca va sola: la línea de financiamiento siempre viene acompañada de condicionalidades en el paquete. Y eso repercute sobre la gobernanza de un país.


-Volvamos al concepto de heterogeneidad en el diseño educativo. ¿Eso cómo debería traducirse en Argentina? ¿Las provincias deberían tener más protagonismo en las políticas curriculares?


-Partamos de la base que somos un país federal. Las provincias adhieren, o no, a las políticas recomendadas desde el Consejo Federal de Ministros, ese es el mecanismo. Hay lineamientos generales que son atendibles, como las cajas curriculares, porque eso marca una orientación de proyecto país. Pero, luego, es aconsejable que cada jurisdicción marque como piensa implementar esas orientaciones generales. En Argentina contamos con zonas geográficas que hablan con otro idiomas. Y, además, una cuestión central, es necesario poner en agenda la desigualdad educativa en términos inter-provinciales. Porque esa distinción también está relacionada con el concepto de justicia educativa.


Otros ejes a tener en cuenta. El marco legal laboral establece que, a partir de los 16 años, los jóvenes pueden incorporarse al mercado de trabajo, con las salvaguardas correspondientes claro. Y, además, sabemos que la maternidad temprana viene creciendo. Entonces, todos esos factores, que tienen una resonancia territorial diferente en Argentina, deben estar contemplados en el diseño educativo. Por ejemplo, debe haber becas de apoyo escolar a las madres jóvenes y pobres para que puedan destinar tiempo de su vida a la formación escolar.


A su vez, la escuela debe contemplar un sistema de cuidados para contener al hijo de esa madre cuando ella concurre al colegio. Todo eso que estoy refiriendo, la beca, el sistema de cuidados, tiene un costo. Esa escuela, entonces, debería tener una carga presupuestaria mayor a una unidad educativa de una zona urbana donde concurren sectores medios. La inversión y el planteo educativo debe ser heterogéneo. No sólo en infraestructura, también en flexibilidad. Un pibe de sectores vulnerables no puede estudiar en forma virtual porque no puede ordenarse seguramente en su casa con la dinámica que exige la enseñanza virtual. Esa es nuestra propuesta.


-¿La agenda de diversidad sexual también debería ser parte del debate educativo en el G20?


-El planteo central sigue siendo trabajar sobre las diversidades. No hay un sujeto educativo único, y no hay trayectorias educativas únicas. No solo hay que cuidar la perspectiva de género tradicional dentro del aula, que ya no son binarias. Y para eso necesitamos docentes formados, y docentes legitimados, y docentes estables en cada unidad educativa, para que puedan incorporar y entender la diversidad presente en el aula.


Otra demanda importante que haremos al G20 que es la siguiente. Nuestro sistema educativo parte de tres horizontes: formar para la ciudadanía, formar para el trabajo y formar para el acceso en educación superior. Y en esos postulados tiene que haber un equilibrio: sí formas sólo para el trabajo terminas mercantilizando el enfoque, y tampoco podes desoír las demandas del sector productivo. Por eso hablamos de participación juvenil, de inclusión con equidad, y acceso a la educación superior. Eso lo digo porque el cruce entre agenda de trabajo y educación va a estar muy presente en la cumbre del G20. Y ahí lo que decimos es que hay que construir esas transiciones con equidad, inclusión, y mucho diálogo multiactoral con los distintos sectores de la comunidad.


Por último, hacemos hincapié en que el sistema educativo debe incorporar la formación para el trabajo, pero para un trabajo decente. Ese es un buen camino para empoderar a los sectores vulnerables que, quizás, arrastran en sus familias décadas de trabajo informal. Ese trabajo de educación en los derechos formativos es muy importante, y deberían ser parte de nuestros planes curriculares. Lo mismo para los desafíos que implica la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, que siempre parte de un piso desigual.


-Por último, en la narrativa del G20 emerge la tecnología con un horizonte emancipador. ¿Cuál es la lectura de Civil 20 en los cruces, cada vez más frecuentes, entre innovación tecnológica y planes educativos?


-Existen compromisos públicos del G20 en universalizar la conectividad educativa. Al respecto, nosotros decimos que no nos oponemos a esa universalización, sobre todo a partir de la escuela media en adelante, y en los lugares de mayor vulnerabilidad social. Por otro lado, advertimos que el acceso a la conectividad debe ir acompañada con un proceso de formación continúa correspondiente.


Por último, solicitamos que los Estados regulen la cuestión de la automatización y la robotización en el mundo del trabajo. Porque si bien la inteligencia artificial es creciente, los gobiernos deberían planificar lo que llamamos unas “transiciones justas” para cuidar al ser humano como valor central de la política pública, y también para tener en cuenta al medio ambiente. Entonces, no negamos la robotización pero hacemos hincapié en las “transiciones justas” para resguardar, nuevamente, al ser humano y a la casa común, que es el medio ambiente.



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