Solemos conocer o tener referencias de República Dominicana por sus playas de agua clara y arena luminosa, o sus costas tejidas por ostentosos resorts para satisfacer la demanda turística. Sin embargo, en el conversatorio público regional no suele nominarse con la misma intensidad un dato económico llamativo del país caribeño: Dominicana cuenta con la segunda presión fiscal más baja de la región. A mediados de junio, tuvimos conocimiento de ese déficit tributario y otras urgencias fiscales de la nación centroamericana gracias a una visita a Santo Domingo programada en el marco de la campaña global Paguen lo Justo, una iniciativa de la que somos parte como Secretaría de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.

 

Rodolfo Bejarano, investigador de la red latinoamericana Latindadd, quién compartió el viaje a Dominicana junto al capítulo fiscal de Fundación SES, fue muy explícito cuando participó en el Taller sobre Justicia Fiscal organizado por el Centro Montalvo, un colectivo jesuita de investigación y acompañamiento que se define a favor del “empoderamiento social, político y económico de las personas más empobrecidas y excluidas”.

 

“Hay un gran vínculo entre fiscalidad y el segmento presupuestario público. La presión tributaria en República Dominicana es la segunda menor en América Latina. La tasa en la nación caribeña es del 14%, cuando el promedio zonal está cercano al 22%, 8 puntos más. Y recordemos que los países desarrollados nucleados en la OCDE establecen una tasa tributaria del 35% sobre su Producto Bruto Interno. A su vez, la presión tributaria de Dominicana tiene una matriz regresiva. Las dos terceras partes de lo que se recauda se origina con impuestos vinculados al área de bienes y servicios. Y sólo el tercio restante de la recaudación fiscal está asentada en la tributación de ganancias y utilidades. Entonces, los gobiernos de la región recaudan más vía impuestos indirectos, donde todos y todas pagamos de nuestros bolsillos cada vez que vamos al supermercado”, sostuvo Bejarano.

 

Adrián Falco, a cargo de la Secretaría en la Red de  Justicia Fiscal, también hizo hincapié sobre la elevada elusión y evasión fiscal presente en el país caribeño cuando participó del panel “Encrucijada fiscal de República Dominicana y las reglas fiscales internacionales”, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

 

“Ponemos foco en la cuestión fiscal al momento de leer las políticas de financiamiento porque es la bolsa de recursos más importante con las que cuenta un país para generar su propio desarrollo. Por ejemplo, acá en Dominicana, el gobierno invirtió en educación, durante el período 2016, cuatro puntos de su PBI. Y en el mismo año la evasión fiscal ejecutada por las transnacionales en esta nación fue de dos puntos; por lo tanto, Dominicana podría aumentar su presupuesto educativo si aplicase, no las recetas del Fondo Monetario, si no las propias medidas de control para evaluar las exenciones tributarias otorgadas al sector minero o a otras corporaciones poderosas”, enfatizó Falco.

 

Por último, en el Conversatorio “Privilegios fiscales, mitos y realidades de las exenciones fiscales en Latinoamérica y República Dominicana”, organizado por la Alianza Cibaeña, pudimos escuchar la significativa voz del economista Roque Feliz, Coordinador del capítulo Incidencia y Políticas Públicas del Centro Montalvo. Feliz sentó posición sobre la posición de su organización en el incipiente debate dominicano acerca de un nuevo Pacto Fiscal: “Para nosotros el acuerdo deber promover inclusión social y equidad, favorecer un clima adecuado para las inversiones, y garantizar una política fiscal sostenible y justa. Esa política tributaria debería estar gestionada de forma eficiente, transparente, con responsabilidad y rendición de cuentas para prevenir y sancionar merecidamente los crímenes contra el erario público”.

 

Ese cruce de ideas sirvió para que Adrián Falco reforzara uno de los pilares discursivos con los que la campaña Paguen lo Justo intentó hacer pie en su visita a República Dominicana.

 

“En Dominicana también está enraizada en la conversación pública la supuesta baja presión fiscal existente. Pero, desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe alertamos sobre que, nuevamente, esa dócil política tributaria también está direccionada unilateralmente hacia los ciudadanos. Nosotros advertimos que el pueblo caribeño, como en otras zonas de la región latinoamericana, ya viene haciendo un gran contribución fiscal con su bolsillo para tener una mejor calidad de vida. Por eso, decimos que las transnacionales asentadas en nuestros países tienen una mayor responsabilidad en el capítulo tributario. Las grandes corporaciones diseñan planificaciones fiscales muy agresivas para eludir sus responsabilidades. Como tienen presencia en un conjunto de países, las empresas líderes se valen de una arquitectura evasiva para no ser alcanzados por los gravámenes de los entes tributarios públicos y ese dinero, como ahora es de dominio público, termina engordando cuentas bancarias asentadas en paraísos fiscales”, sostuvo Falco.

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