“Odebrecht financió a todos”


Perú es el segundo país más afectado en la región por el caso Odebrecht. El holding del gigante sudamericano tejió buena parte de la infraestructura pública andina y de su red de transportes. Gasoductos, el subte de Lima, una ruta interocéanica. En las obras de gran porte, la licitación pública siempre caía en manos de la corporación brasileña. La investigación judicial en curso, donde el Ministerio Público peruano ha trabado, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, un buen trabajo colaborativo con su par brasileño, determina que ese favoritismo fue ganado por la compañía endulzando los bolsillos de la clase política peruana.


Óscar Castilla dirige el portal de investigación Ojo Público, una destacada plataforma periodística que ha alumbrado los capítulos narrativos más destacados en el segmento peruano del escándalo continental conocido como LavaJato. En diálogo con SES América Latina, Castilla detalla desde Lima el interés de los partidos peruanos por ponerle un cepo a la investigación judicial en curso.


-¿Cuáles son las dos conclusiones más significativas que podés sacar hoy por tu investigación en el caso LavaJato?


-La ramificación peruana del caso Odebrecht es muy fuerte. Ya atravesamos dos años de grandes repercusiones públicas con la investigación. Si tuviera que elegir dos exposiciones de la investigación empezaría resaltando el rol que ha tenido la compañía brasileña en el financiamiento electoral de los partidos políticos peruanos. Quizás, ese sostén económico de las campañas por parte del sector privado se había manifestado antes con volúmenes más exiguos, y sin una exigencia brutal en contraprestaciones públicas.


Pero, en este caso, el que vincula a Odebrecht con la política local, estamos hablando de sumas muy grandes y con evidencias palpables de cómo se concretaba el retorno del favor desde el Estado direccionando, por ejemplo, grandes licitaciones o acelerando procesos administrativos.


A ver, tanto con el Partido Nacionalista Peruano de (el ex presidente) Ollanta Humala como con Fuerza Popular de (la líder parlamentaria) Keiko Fujimori, se comprobó el pago, por parte de Odebrecht, a los líderes de las dos formaciones. Ese soborno solía ser asentado como “donaciones” o eufemismos de ese estilo. A raíz de dicha sociedad se ha abierto un debate encendido en Perú sobre sí habría que crear en el Código Penal el delito de financiamiento ilegal de los partidos políticos, una tipificación todavía inexistente en el país.


En cambio, la fiscalía a cargo de la investigación apunta a otra tesis procedimental. La Justicia, entonces, prefiere utilizar la figura de lavado de activos teniendo en cuenta que las “donaciones” del holding eran básicamente un giro de dinero sucio proveniente del denominado departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht, o sea un flujo proveniente de la contabilidad paralela de la empresa.


Entonces, ahora, hay una respuesta corporativa de los partidos solicitando a la Justicia que sólo se les condene por la vía administrativa en este hecho. La argumentación de la clase política es que, al no existir una ley que tipifique el financiamiento ilegal de partidos, no son pasibles de una sanción penal. Ese es un evidente subterfugio que han sacado en los últimos meses a raíz de que se ha detectado gruesas sumas de dinero provenientes de Odebrecht a sus cuentas electorales en tiempos de campaña durante los dos últimos comicios.


En segundo lugar, la otra conclusión significativa es la forma masiva en que una actividad económica, el segmento de la construcción en esté caso, ha sido infiltrada totalmente por una empresa que hacía de la corrupción el pan diario de su crecimiento.


-¿Cuál era, o es, el peso de Odebrecht en el desarrollo de la infraestructura peruana?


-Odebrecht fue muy poderosa en el país durante los últimos 15 años. Ha construido las principales obras de infraestructura y transporte. Por ejemplo, el Metro de Lima, en diferentes etapas, y en diferentes años, fue construido por ellos. En los proyectos siempre han contado con firmas peruanas que ingresaban al negocio como socios de menor grado. Esa asociación, generalmente, se daba a nivel doméstico con la firma Graña y Montero, un grupo de capitales nacionales muy fuerte en el rubro de la construcción.


Entonces, construyeron el Metro de Lima, construyeron el gasoducto que trae gas desde la selva peruana hasta la costa pacífico, construyeron algunas obras de ingeniería en el norte del país; en general, han sido grandes contratistas del Estado. Sí tuviéramos que hacer un ranking de hacedores de obra pública en Perú, Odebrecht no ha bajado nunca del top five.


Además, Odebrecht fue parte de la revolución inmobiliaria, participando de la ejecución de grandes proyectos, que se dio en los últimos años en las principales ciudades del país.


-¿Cuál es el presente de la compañía? ¿Mantienen su influencia? ¿Qué otra corporación ocupó su posición en caso de que se haya registrado un retroceso de la firma?


-Odebrecht está atravesando un proceso complicado a nivel económico en Lima. Enfrenta varios procesos de acreencia, se ha apartado de algunas obras que ya estaban en proceso como el caso del Gasoducto que ya mencioné. Ha vendido su participación en ese proyecto a otras empresas. Y sus principales contratistas en Perú están pasando un momento judicial complicado. Entonces, no se ve a corto plazo, un holding que pueda ocupar la posición de poder que ellos detentaban en la economía local.


En dicha coyuntura, el Estado busca replantearse sus interlocutores en el sector privado para apalancar las obras de gran porte. El gobierno peruano tenía un gran vínculo con las corporaciones brasileñas en el segmento de la construcción: el lazo no era solo con Odebrecht, también eran de la partida en las licitaciones firmas como OAS, o Camargo Correa. Empresas, estás últimas, que también padecen un mal momento judicial.


A corto plazo, podría ser que las grandes empresas chinas podrían reemplazar el papel monolítico que jugaba Odebrecht en nuestra economía. Los holdings orientales están empezando a ser muy gravitantes en hidrocarburos, minería, pesquería. Esas empresas, al igual que ocurrió con Odebrecht durante los últimos gobiernos brasileños, cuentan con una diplomacia comercial muy activa por parte de Beijing.


-¿Qué respuestas está dando la clase política peruana para amortiguar su desprestigio ante el escándalo del Lava Jato?


-Me gustaría decirte que están actuando positivamente, pero la verdad que en este momento los partidos están dañados casi íntegramente. Entonces, las principales fuerzas están buscando evitar la profundización de la investigación judicial en curso con el caso Odebrecht. En principio, cada ex presidente cargaba las culpas en otro mandatario. Ollanta Humala exigía poner el foco en Alan García, Keiko Fujimori advertía que la mayor responsabilidad recaía en Humala, y así seguía la cadena. Pero, a medida que se han recogido fuertes evidencias judiciales, tanto en los tribunales de Brasil como en Lima, los dirigentes han optado por tomar una respuesta corporativa que exige tácitamente a la Justicia un punto final en las pesquisas.


Aparte de exculparse en su responsabilidad en el financiamiento ilegal de las campañas, los partidos más representativos ahora coinciden en objetar la figura penal conocida como la detención preventiva ya que varios funcionarios, tanto de bajo o alto rango, vienen siendo detenidos en los últimos meses. Esa presión la canalizan a través de posiciones comunes en los grandes medios de comunicación, o ejerciendo iniciativas legislativas semejantes en el Congreso.


Por último, la clase política está unificando posición al reclamar a la Justicia que no se incorporen a los partidos como sujetos jurídicos responsables en los procesos legales en marcha. Días atrás, varias fuerzas firmaron conjuntamente un comunicado público exigiendo a la Justicia electoral que no clausure al Partido Nacionalista Peruano como ente representativo. Su posición es, castiguen a los dirigentes, pero no a los partidos.


-¿Cuál es la relación de la Justicia peruana con su par brasileña en la investigación del LavaJato?


-La Justicia peruana está muy enfrentada con el poder político local, ese es un buen síntoma. Acá, las investigaciones vienen siendo motorizadas por el Ministerio Público, que ha logrado establecer una buena red de comunicaciones con la Policía brasileña, y también con la Procuraduría de ese país. En todo caso, el reto de la Justicia es muy grande porque la sofisticación del manejo de Odebrecht en el crimen organizado es muy lograda.


Recordemos, además, que Perú ha sido el segundo país más afectado en la región por el escándalo de Odebrecht. Tenemos un presidente prófugo por el caso, y el último mandatario renunció por estar envuelto en la trama de corrupción. Así que, acá, el impacto es muy grande. Incluso, Keiko Fujimori, la principal figura de la oposición, también está siendo investigada.


-En la trama de Lava Jato es muy fuerte la figura del testaferro. ¿Cuentan en Perú con un Registro Público de Beneficiarios Finales que pueda atenuar ese mecanismo de evasión?


-Contamos con distintos entes públicos que testifican los dueños bienes inmobiliarios o vehículares, pero es muy díficil conocer, por ejemplo, los lazos entre una empresa con determinados activos radicados en jurisdicciones de baja tributación. Hay, entonces, una lucha incipiente por echar luz contra mecanismos de evasión como el secreto bancario. En concreto, no contamos con un Registro de Beneficiarios Finales sólido y abierto al escrutinio público. Es un debe que tenemos.




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