“Las offshore facilitan la corrupción”


El pasaporte de la abogada cordobesa Delia Ferreira rebosa de sellados, de todos los colores y de múltiples países. La última semana la hoja de ruta de la presidenta de Transparencia Internacional (TI) incorporó el estampado del aeropuerto de Ezeiza. Ferreira vino a participar de la reunión del Civil 20 en Buenos Aires, el espacio que agrupa a las organizaciones de la sociedad civil dentro del bloque multilateral más importante del mundo. SES América Latina aprovechó la oportunidad para dialogar con una de las líderes argentinas más reconocidas en el mundo: en este caso, por su conocimiento y compromiso en la lucha contra la corrupción.


-La naturaleza jurídica de las zonas offshore es un debate muy álgido, últimamente, en Argentina, y en buena parte del mundo también. Concretamente, y de acuerdo a la agenda de trabajo e investigación de TI, ¿Las guaridas fiscales facilitan la corrupción o se tratan de un segmento económico inocuo en su eticidad?


-Nuestra preocupación en materia de compañías offshore, shell companies, o tax haven, tiene que ver con que ofrecen un espacio de ocultamiento de fondos. Esa atribución aumenta, lógicamente, los riesgos de evasión en materia de corrupción y posibilita, centralmente, que los corruptos disfruten de lo producido por sus crímenes. Ese es el enfoque del tema para Transparencia. Las guaridas fiscales son vehículos que facilitan la labor de las personas que están envueltas en hechos de corrupción.


-De acuerdo al último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por TI, ¿Qué evolución o retroceso observa en la Argentina y en los países de la región?


-El índice, vale la aclaración, es un índice de percepción que califica del cero al cien, de acuerdo a las políticas públicas de transparencia establecidas. Argentina, puntualmente, mejoró su medición en el último año, de 36 a 39 puntos. Igualmente, sí el índice fuera un boletín escolar, podríamos decir que seguimos aplazados en la materia como país. En la calificación estamos por abajo del promedio mundial del IPC, y tampoco nos equiparamos con las notas medias de la región.


Sin embargo, en el último tiempo, el gobierno ha instrumentado algunas mejoras como el impulso y puesta en marcha de la ley de acceso a la información pública, o la ley del arrepentido, o la ley de responsabilidad fiscal penal de las personas jurídicas. Consideramos que son pasos adelante en materia de lucha contra la corrupción y, evidentemente, eso ha sido percibido por las personas que participan en las evaluaciones de TI.


-La Justicia de la región viene acelerando la instrucción en causas de corrupción donde están implicados referentes populares latinoamericanos, caso el ex mandatario brasileño Lula. ¿Dicha cuestión merece alguna reflexión para TI?


-Que aparezcan funcionarios públicos ligados a hechos de corrupción no me llama la atención. Porque, precisamente, los funcionarios y los actores privados que tratan con ellos son los actores que suelen protagonizar ese tipo de actos. Pero sí observamos una tendencia en Latinoamérica en cuánto al interés de la Justicia para poner fin a la impunidad. Eso se percibe. No sólo en el caso conocido como Lava Jato, sino en otros casos que han cobrado trascendencia.


En ese sentido, observo tres modelos de reactivación judicial distintos en la región. Uno es el modelo de Brasil, que es el modelo de los “campeones” contra la corrupción. Es decir, el Poder Judicial cuenta con algunas personas que, realmente, se comportan como los “campeones” en esa lucha y llevan en adelante una labor, muchas veces, en solitario. Pero, claro, hay que ver cuán sustentable es esa labor en el tiempo. Durante el mismo tiempo en el que el Juez Moro sancionaba a ex funcionarios, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, mismo Poder Judicial, sobreseía al presidente (Michel) Temer en una causa de financiamiento ilegal de la campaña que estaba absolutamente probado.


-¿Cuáles serían los otros dos modelos de reactivación judicial?


-Uno, es el presente en Guatemala y Honduras. En dichos países se ha recurrido a organizaciones que ayudan al Poder Judicial local con el paraguas de organismos internacionales. En el caso de Guatemala se trata de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), creado con la apoyatura de Naciones Unidas. En Honduras está conformada un organismo similar, pero con el tutelaje de la OEA. Ambos espacios colaboran con mucha eficiencia en la investigación de casos locales de corrupción. Pero, ese modelo no es reproducible en otros países porque colisionan con la cesión de soberanía jurídica.


Finalmente, está el caso peruano. Donde el mismo Poder Judicial que estaba durmiendo en la investigación de significativos casos de prebenda, de repente se despierta de su ostracismo y comienza a actuar. Ahí hay muchas similitudes con lo que ocurre en Argentina. Se despierta por la presión social, o porque cambian las circunstancias políticas. La pregunta vuelve a ser, ¿Cuán sustentable son el tiempo esos Poderes Judiciales?, ¿Cuándo volverán a dormirse esos mismos jueces para investigar futuros actos de corrupción?


Desde TI convocamos a modificar normas procesales. Y también consideramos prioritario observar y modificar las normas de nombramiento y remoción de jueces, o las normas de control de la actividad judicial y de su presunta corrupción. La movilización de la sociedad civil es clave, pero no podemos exigirle todo a la sociedad. Para nosotros es clave institucionalizar ámbitos que perduren a la post indignación de la gente, y que estén trabajando atentos cuando decrezca la ola de reclamos en la calle exigiendo el fin de la impunidad.


-Hablando de corrupción, la repercusión de los Panamá Papers produjo efectos disímiles en las administraciones públicas comprometidas con el escándalo. En algunos países forzó la renuncia de mandatarios. Eso no se produjo en Argentina. ¿Por qué?


-Eso demuestra que corrupción puede haber en todos los países, de hecho la hay. Diariamente, hay noticias de esa trama en EE.UU., Alemania, Japón, los países desarrollados, las naciones nórdicas, o en África. La diferencia es como reaccionan los países frente a esos escándalos, cuán eficientes son esas reacciones en el sentido social e institucional. Es clave que los gobiernos sientan el hastío de la sociedad ante el robo y el desfalco para que la corrupción quede marcada como una línea roja a la que no se debe llegar.


-La mujer viene ganando un fuerte protagonismo en ámbitos gubernamentales. Usted preside una coalición global muy respetada. ¿El liderazgo femenino es clave en la lucha contra la corrupción?


-No creo que las mujeres seamos más honestas que los hombres. Hay una visión esencialista de corrupción y género que surgió a raíz de publicaciones impulsadas por organismos de crédito internacional allá por el año 2000. En esos estudios correlacionaron nuestros rankings de corrupción con unos índices de género de la Unión InterParlamentaria Mundial para observar el componente femenino en las Cámaras Bajas. Entonces, en nuestra lista están muy bien posicionados los países escandinavos y esas naciones cuentan, a su vez, con una gran participación de las mujeres en el Parlamento. Por eso, concluyeron a más mujeres, menos corrupción. Una conclusión insostenible.


La mujer sí está más expuesta a ser extorsionada con pequeños actos de corrupción, como la entrega de alimentos o la facilitación de servicios de salud, porque es indudable que hay una feminización de la pobreza. Además, claro, hay una fuerte división de roles sociales en el ámbito hogareño. Y la persona que está a cargo del cuidado, ya sea de los niños o de los adultos mayores, generalmente la mujeres, es quién tiene que poner la cara ante las autoridades políticas para solicitar, nuevamente, alimentos o mejor salud. En nuestra región hay muchos planes sociales que se sostienen en el rol de la mujer. Y en esa situación hay una fuerte diferencia de género relacionada con la moneda de intercambio entre la autoridad política y la mujer, que muchas veces puede pasar por el favor sexual.


Pero, vayamos al punto central: puede, y de hecho la hay, una diferenciación de género en cuanto a cómo repercute los pequeños actos de corrupción. Sin embargo, en las grandes tramas de corrupción, veamos si no el caso Odebrecht, hay tanto protagonismo masculino como femenino. La mujer, eso sí, tiene un gran participación en los espacios de sociedad civil que trabajan una agenda similar a la de Transparencia. Ahí somos las dueñas de casa.


En el ámbito gubernamental es evidente que la mujer viene ganando espacios de poder. Pero, seamos cuidadosos. Recientemente, una legisladora finlandesa con la que converse en el Centro Carter me confesó lo siguiente: “Hace 25 años que hago política en mi país y todavía me siento una invitada en la esfera política”. Y eso que es un país reconocido por sus avances en derechos civiles.


-En el ranking de Transparencia jurisdicciones tributarias opacas como Suizas aparecen muy bien posicionados. ¿Cómo se explica?


-A ver, nuestro ranking está basado en un índice de índices. Elaboramos nuestra calificación en base a trece fuentes de investigación de primer nivel, datos recogidos por bancos multilaterales de desarrollo u organismos internacionales de investigación. Entonces, esas fuentes, quizás, no pregunten tanto sobre flujo de capitales, la línea de reporte, o el tipo de legislación bancaria. Entonces, es cierto que esas jurisdicciones son opacas en materia tributaria, pero en el ámbito de la corrupción pública, que es donde pone el foco Transparencia, rankean bien. Eso no implica que estén exentos de contar con un sistema bancario apto para recibir flujos de capital provenientes del lavado de dinero. Eso es evidente en Londres, donde está creciendo mucho el debate sobre la poca certeza existente acerca de quiénes son los verdaderos dueños del boom inmobiliario de la ciudad.


-¿Qué piensa Transparencia sobre los Registros Públicos de Beneficiarios Finales?


-Nos parece fundamental. La corrupción crece gracias al secreto. En mi exposición en el panel del Civil 20 advertí que, desde el punto de vista de la sociedad civil, deberíamos hablar un poco claro en estos tópicos. Porque lo del “beneficial owner” no lo entiende nadie, salvo los expertos en la materia. Hay que hablar del real dueño, el real titular de la cuenta bancaria, y punto, sin eufemismos. Conclusión, la sociedad civil tiene que hablar con otro lenguaje, más claro y sencillo, para que estos temas sean más accesibles.


-Ya que menciona su participación en la reunión de Civil 20 en Buenos Aires, ¿Con qué expectativa observa Transparencia la cumbre argentina del Grupo de los 20?


-Nos parece una buena oportunidad para que el bloque intervenga contra las guaridas fiscales y en el freno a la corrupción en las Sociedades del Estado. Centralmente, convocamos a que los gobiernos hagan una mirada y una política transversal para atacar la problemática de corrupción. Creo, además, que el G20 es un encuentro interesante que se limita a hacer planes de buenas acciones potenciales; luego, a los dos años, suele verificarse que no se han alcanzado dichas expectativas. Entonces, me parece que el G20 debe avanzar en compromisos de acción más fuertes.


En las cumbres suele escucharse a los mandatarios decir que están comprometidos contra la corrupción. Mi impresión es que los dirigentes políticos, como los CEO post escándalo de muchas multinacionales, entienden lo que es corrupción pero no tienen la menor idea de lo que es un compromiso. Creo que hay que pasar a un esquema más fuerte de implementación de los acuerdos asumidos, de los compromisos expuestos en las cumbres multilaterales. Necesitamos indicadores, plazos y responsables. Desde Transparencia impulsamos estrategias públicas conjuntas contra la corrupción, no respuestas esporádicas y espasmódicas a cada escándalo, lo que nos permitiría a la sociedad civil ejercer un monitoreo, incluso on line vía mediante datos abiertos, más fuerte hacia los gobernantes.




Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Seguinos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • YouTube Social  Icon

FUNDACIÓN SES | PROGRAMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Coordinador: adrianfalco@fundses.org.ar

San Martín 575 6 A | Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1004) | República Argentina 

+54 11 5368- 8370/8371/8372