“África destina más plata a las rutas que a la salud”

 

 

El keniata Jason Braganza es Coordinador de Tax Justice Network África, una de las redes continentales más activas en el capítulo de la Justicia Fiscal. Jason, además, es un asiduo interlocutor de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe cada vez que el diálogo Sur- Sur puja por denominadores comunes en la agenda global contra los flujos financieros ilícitos.

 

-¿Qué demandas centrales plantean las organizaciones de la sociedad civil africanas en el capítulo de Justicia Fiscal?

 

-En términos de transparencia financiera e impositiva, básicamente, reclamamos cuatro puntos. Uno, la implementación de leyes que promuevan el acceso a la información, tanto del gobierno y las empresas, porque consideramos que es un insumo indispensable para democratizar la investigación y el análisis. Segundo, mejorar el acceso a datos púbicos en el segmento financiero e impositivo.

 

Además, entendemos urgentes otras dos cuestiones: incrementar y mejorar la publicación de la información estrictamente financiera y tributaria, ya sea a nivel gubernamental o privado. Por último, es indispensable conocer los datos contractuales del sector financiero y tributario en el marco de los tratados de inversiones que los gobiernos firman con empresas multinacionales y con otros países.

 

-¿Cómo es la relación de un sector influyente como las multinacionales mineras asentadas en África con los fiscos nacionales?

 

-Es difícil establecer ese vínculo porque, precisamente, no hay acceso a los contratos que han sido firmados entre las dos partes. En general, los gobiernos de la región han promovido concesiones significativas en la agenda fiscal a las multinacionales mineras porque estiman que ese dinero será recuperado a las arcas pública vía cobro de regalías.

 

Pero, centralmente, observamos que las corporaciones mineras asumen los requerimientos fiscales establecidos; aunque, lamentablemente, no podemos acceder al detalle del régimen contractual porque, repito, esa información no se ha transparentado.


-¿En qué segmento estatal es más evidente la falta de políticas públicas inclusivas en la región?

 

-Nuevamente, es difícil generalizar una respuesta a nivel continental; sin embargo, en promedio, la provisión de salud y educación ha mejorado marginalmente, mientras que la infraestructura física en todo el continente ha sido exponencial.

 

Según cifras oficiales del Banco de Desarrollo Africano, los gastos de los gobiernos ciertamente parecen sesgados hacia la inversión en infraestructura en comparación con los volúmenes presupuestarios destinados a educación y salud.


-¿Las organizaciones de la sociedad civil africanas se sienten escuchadas en el diálogo multiactoral que viene creciendo en los espacios multilaterales, ya sean gubernamentales o foros impulsados por los movimientos sociales?

 

-En gran medida esto no sucede. El diálogo multisectorial tiene muy poco volumen en el continente. Dicho esto, hay algunos agendas que han visto algún progreso. Tal es el caso de las consultas presupuestarias, donde los gobiernos vienen estableciendo mesas de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.

 

-Dentro del diálogo Sur- Sur en Justicia Fiscal, ¿Qué similitudes y diferencias consideras que tiene la agenda africana con respecto a Sudamérica?


-La gran diferencia, claro, pasa por el contexto político de las dos regiones, muy disímiles desde el pasado hasta el presente. Por ejemplo, Sudamérica y África han sido atravesadas por diferentes procesos coloniales y, en paralelo, han tramitado el período poscolonial con sus propias particularidades.

 

En este sentido, la cooperación Sur- Sur entre las dos regiones tiende a no seguir una relación igual de pares, porque, básicamente, las economías de América del Sur son más avanzadas e influyentes en el concierto global que las de África.

 

-Si tuviera la posibilidad de modificar un punto del consenso tributario global, ¿Qué cuestión del orden fiscal mundial cambiaría?


-Considero central el establecimiento de un organismo fiscal global bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Este es el camino más certero para conseguir una reforma fiscal equilibrada y justa de la arquitectura financiera internacional. Un consenso que facilitaría, además, mejores cuotas del comercio mundial a los países en desarrollo como los africanos.


 

 


 

 

 

 

 

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