Un cepo a las offshore


El bloque opositor parlamentario Unidad Ciudadana presentó en la Cámara Alta argentina un proyecto de ley que busca “prohibir el acceso a la función pública a todo aquel ciudadano o ciudadano que tenga cuentas, empresas, vínculos con las llamadas guaridas fiscales o guaridas fisco-criminales”. Al momento de presentar la iniciativa parlamentaria, la ex presidenta Cristina Fernández y actual senadora por la provincia de Buenos Aires argumento públicamente en sus redes sociales que “como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales –la mayor parte de este dinero no está declarado–, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI)”.


Adrián Falco, miembro de Fundación SES y actual Secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe -una coalición que agrupa a 27 organizaciones de la sociedad civil provenientes de 15 países de la región-, remarca que la propuesta legislativa presentada en el Senado argentino “contiene, en esencia, la misma intención expuesta en la consulta popular impulsada por el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. En su momento, el plebiscito andino tuvo apoyo popular y la iniciativa se convirtió en ley”.


"La corrupción tiene aliados. Las prebendas no suceden sólo a nivel doméstico gracias a empresarios inescrupulosos que se asocian con funcionarios para atentar contra el erario púbico. La corrupción tiene fuertes puntos de apoyo en ultramar. En esas guaridas fiscales radican socios contables y jurídicos que saben guardar secretos, amigos que saben esconder potenciales delitos”, contextualiza Falco.


Por último, el Coordinador del capítulo fiscal en Fundación SES reitera su apoyo al proyecto mencionado al advertir que: “Las jurisdicciones offshore hace rato que dejaron de ser islas inofensivas para convertirse en la guarida de los Ali-Baba globales. Tentáculos complejos del entramado financiero global cuyas cabezas relucen en La City de Londres y en los propios Estados Unidos”.


A su vez, la especialista argentina Verónica Grondona, asesora en justicia fiscal para el bloque de partidos de izquierda en el parlamento europeo, considera que “la intención política del proyecto de ley es positiva” pero, sin embargo, recuerda y advierte que: “Argentina firmó acuerdos de cooperación con casi todas las guaridas fiscales del planeta y eso significa que no hay listas de paraísos fiscales o países no cooperantes en nuestro país”.


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