"El G20 en Argentina debería poner los ojos más al sur"

 María José Romero, especialista en temas de deuda y desarrollo, es coordinadora en la red Eurodad, una significativa coalición de organizaciones de la sociedad civil en el Viejo Continente.

 

María es uruguaya pero, ahora, vive en Bruselas. Por lo tanto, pudo leer la reciente cumbre del G20 en Hamburgo desde una doble perspectiva: como sudamericana comenzó a vislumbrar lo que será la próxima cita del bloque en Argentina pero, a su vez, añ ser parte de una organización europea, interpretó las tensiones que existen entre los intereses de los países más poderosos del mundo y las necesidades de los ciudadanos de la eurozona.

 

-¿Cómo le explicarías a un ciudadano argentino o de la región qué es Eurodad (Red Europea de Deuda y Desarrollo)? ¿Cuál es su agenda de trabajo?

 

-Somos una red formada por casi cincuenta organizaciones de la sociedad civil provenientes de 20 países europeos que trabajan, básicamente, en temas vinculados al financiamiento para el desarrollo. Buscamos cambios transformadores y específicos de las políticas globales y europeas con el objetivo de promover un sistema económico controlado en términos democráticos y ambientales. Entonces, nuestro trabajo consiste en ser parte activa de un movimiento global que promueva cambios transformadores en gobiernos e instituciones y también en fortalecer a las organizaciones sociales europeas.

 

En términos más específicos, de acuerdo a nuestro último plan estratégico, tenemos objetivos planteados en cuatro área: poner fin a las crisis de la deuda que dificultan el progreso económico; promover la justicia fiscal para detener la pérdida de recursos en los países en desarrollo; impulsar una cooperación al desarrollo más eficaz y transformadora; buscar financiamiento privado con respaldo público para acelerar un desarrollo que logre reducir la desigualdad.

 

En dichas áreas de trabajo llevamos adelante investigaciones específicas y análisis político. También trabajamos con organizaciones y redes de sociedad civil del norte y el sur para desarrollar estrategias de movilización y cabildeo, según el caso.

 

-¿Qué balance hace Eurodad de la cumbre del G20 en Hamburgo? ¿Contuvo la cita de Jefes de Estado los requerimientos y demandas elevadas por Civil 20?

 

-Al analizar el comunicado de esta última reunión creemos que la cumbre del G20 en Hamburgo fue muy simbólica, dada la falta de resultados concretos en cuestiones económicas claves. Además, Hamburgo quedó muy lejos de cumplir con las demandas del Civil 20. A nuestro entender, esta vez quedó más evidente que nunca que el autoproclamado “primer foro para la cooperación económica internacional” – como se autodenominó hace un tiempo el G20 – tiene serios problemas de gobernanza. Como un club informal sin secretaría permanente, y que opera por consenso, su capacidad para llegar a un acuerdo queda seriamente limitado por el poder de países como, en este caso, Estados Unidos, que se niegan a cooperar.

 

En el comunicado final se le presta mínima o equivocada atención a temas que son fundamentales. Por ejemplo,  sobre la reforma de sector financiero no se presentan nuevas iniciativas y, en concreto, el G20 terceriza el trabajo en esta área al Consejo de Estabilidad Financiera, otra institución con serios problemas de gobernanza, ya que es una de las instituciones financieras más opacas y que menos rinde cuentas.

 

Por otro lado, los esfuerzos del G20 por hacer frente a la evasión y elusión fiscal de las multinacionales continúan centrándose en la iniciativa BEPS de la OCDE (Erosión de la base imponible y traslado de beneficios). Eurodad ha seguido el proceso BEPS desde su comienzo y ha señalado sus principales deficiencias: carece de transparencia, contiene lagunas importantes y no ha incorporado las necesidades y los intereses de los países en desarrollo, la gran mayoría de los cuales ha tenido poca participación significativa en la toma de decisiones.

 

Sobre este mismo tema, en marzo, los ministros de Hacienda del G20 pidieron a la OCDE que preparara una “lista negra” de países que no cumplieran “los estándares internacionales acordados de transparencia fiscal”. El resultado fue que la OCDE -un organismo que presume de sus conocidos delincuentes fiscales como Luxemburgo, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido entre sus miembros- produjo una “lista negra” que nombraba a la minúscula Trinidad y Tobago como “incumplidora” con las normas internacionales. Casi cómicamente, el G20 optó por ver esto como una señal de que todo está bien, y pidió a la OCDE que repitiera el defectuoso ejercicio para la próxima cumbre.

 

-A futuro, ¿Qué temas debería incorporar la cumbre del G20 en Argentina desde la perspectiva de Eurodad?

 

-A nuestro entender la principal contribución de la presidencia Argentina del G20 sería la tomar acción para beneficio de los países en desarrollo. Por ejemplo, la posible discusión de  Pacto con América Latina no debería enfocarse casi exclusivamente en atraer inversión extranjera privada a través de mecanismos como asociaciones público privadas, como ha sido muchas veces el foco del trabajo del G20 y del Banco Mundial. Consideramos que la inversión pública debe ser resignificada y las políticas públicas deberían servir para poner en práctica una agenda de desarrollo sostenible que permita la transformación de las economías del sur.     

 

-En cuánto al tópico de la elusión fiscal y zonas offshore,  ¿Europa avanzó en el marco de políticas públicas comunes para reducir el impacto de las guaridas fiscales?

 

-Se ha avanzado. La aparición de los Papeles de Panamá y los documentos que expusieron las decisiones fiscales secretas de Luxemburgo en beneficio de empresas multinacionales (LuxLeaks) ayudaron a esclarecer la discusión, pero todavía queda bastante por hacer. Por ejemplo, el Parlamento Europeo votó a comienzos de julio fortalecer las normas sobre transparencia fiscal de las empresas multinacionales pero, en simultáneo, incluyó una importante laguna legal que podría socavar los esfuerzos para impedir que las corporaciones multinacionales oculten beneficios en los paraísos fiscales.

 

Recapitulando, aunque los diputados europeos votaron para exigir a las multinacionales que publicaran datos sobre los beneficios y los impuestos que pagan, también introdujeron un vació jurídico que permite a las corporaciones solicitar excepciones a la divulgación de cierta información detallada en países específicos. Esto introduce el riesgo de que las corporaciones multinacionales puedan ocultar sus ganancias en los paraísos fiscales. En síntesis, necesitamos más claridad sobre lo que las exenciones significarían en la práctica para asegurar que el nuevo mecanismo no pueda ser mal utilizado por las grandes empresas. 

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