"Se quemaron cajas que decían Panamá"


La empresa norteamericana Iron Mountain se gana la vida guardando documentación de personas o corporaciones poderosas. Es una firma líder en ese rubro a nivel mundial. Los bancos, por ejemplo, que necesitan resguardar papeles sensibles sobre sus movimientos contables acuden a sus servicios. Hace tres años un depósito de la compañía en Buenos Aires ardió bajo las llamas de un fuego descomunal. Diez personas, entre rescatistas y bomberos, perdieron su vida ese día cuando intentaron apagar el incendio.


Durante el proceso judicial abierto tres peritajes determinaron que el accidente no tuvo nada de tal, que se trató de un hecho intencional. Las corporaciones afectadas, muchas de ellas relacionadas directa o indirectamente con el Grupo Macri, no reclamaron por los papeles incinerados. Se supone, claro está, que esa documentación los comprometía con hechos ilícitos. SES América Latina habló sobre las implicancias del caso con el periodista argentino Ari Lijalad, parte del equipo de investigación de un prometedor proyecto documental, a cargo del director Jorge Gaggero, que ilustrará próximamente en la pantalla grande un siniestro silenciado por los medios concentrados argentinos.


-¿Qué elementos probatorios indican que el fuego de Iron Mountain fue intencional?


-Muy simple, en periodismo suele decirse que si algo tiene hocico, ladra y mueve la cola, naturalmente no hay que ser muy ducho para concluir que es un perro. En principio, que fue intencional lo indican los peritajes realizados por la Policía Federal, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). La hipótesis más fuerte y lógica apunta a que el fuego buscó destruir pruebas vinculadas al lavado de dinero. Esa hipótesis surge de una iniciativa emprendida durante el gobierno nacional anterior por la Comisión Nacional de Valores y la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) de hacer un entrecruzamiento de datos entre las empresas que guardaban documentación en Iron Mountain y empresas investigadas por lavado de dinero.


Además, hay un hecho muy explícito. Ninguno de los clientes afectados, salvo el banco HSBC que se presentó como querellante, suponemos que para tener acceso al expediente, por el incendio presentó quejas o reclamos. Si un ciudadano pierde su auto o un bien preciado en un accidente no se comporta de esa manera. Acciona, demanda, busca saber la verdad. Eso no pasó tras el siniestro de Iron Mountain. El JP Morgan o el propio Grupo Macri no presentaron reclamos. Todo lo contrario, parecen aliviados con la documentación perdida.


"Que fue intencional lo indican los peritajes realizados por la Policía Federal, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y la UTN (Universidad Tecnológica Nacional)".



-Tres peritajes indican que el fuego es intencional. ¿Cuál es el estado de la causa judicial?


-La causa se inició como un simple incendio. Y, seguramente, el proceso hubiese seguido estando caratulado de esa manera si no morían, como sucedió, diez personas. Desgraciadamente, la tragedia de tantas muertes concitó la atención de los medios. De otra manera, hubiese pasado rápidamente al olvido. Ahora bien, a pesar de que está determinada la premeditación del hecho, la causa por el momento no escarba en dilucidar cuáles fueron los motivos de esa intencionalidad. Entonces, lo que sospechan los familiares de las víctimas, muchos periodistas que venimos investigando la causa, y hasta la propia ex presidenta Cristina Fernández, ya que lo expresó públicamente cuando era mandataria, es que el incendio buscó eliminar documentación relacionada con el lavado de dinero.


Además, en el pedido a indagatoria realizada por la fiscal no aparecen directivos de las empresas afectadas ni ningún funcionario jerárquico del gobierno porteño de ese período (el actual presidente argentino era Jefe de Gobierno de la capital argentina cuando sucedió el siniestro). Tampoco es convocado a declarar el propio presidente (Mauricio) Macri, que además de su responsabilidad política mayúscula en la línea de mandos de los organismos de control, tuvo y tiene una estrecha relación de confianza con Iron Mountain. Además, el Grupo Macri perdió varias cajas con documentación durante el incendio. Muchas de ellas con rótulos muy sugestivos como “Panamá”, “Uruguay”, “Omexil” o “IECSA Brasil”. En su momento, en el año 2014, el nombre de esos países y compañías no sugerían nada. Pero, ahora, tras el escándalo desatado por la filtración realizada al estudio Mossack Fonseca, esas palabras resuenan porque localizan los movimientos contables que vinculan al presidente argentino con el caso Panamá Papers.


-Sideco Americana, de Franco Macri (padre del presidente), tenía entre las cajas quemadas una con el rótulo "Coimas Perú". Parece un pasaje de comedia. ¿Cómo se explica?


-Hasta donde nosotros tenemos entendido no hay una legislación específica que indique como se nomina una caja guardada en un depósito de seguridad. De hecho, previo al incendio de Iron Mountain, las empresas no estaban obligadas a informar a los organismos de control donde guardaban sus papeles contables. Por ese motivo, el gobierno nacional anterior impulsó una normativa que obliga a las empresas detallar ante la Comisión Nacional de Valores donde, si es que lo hacen, alojan su documentación sensible sobre movimientos financieros. Pero, la normativa solo compulsa a informar el lugar en cuestión, aunque no obliga a reportar qué tipo de documentación se trata.


-El incendio en Buenos Aires parece no ser una excepcionalidad en la historia de Iron Mountain. ¿Existen casos parecidos en el haber de la compañía?


-Iron Mountain tuvo incendios en varias de sus sedes. En 1997 ardieron tres depósitos de su propiedad en Nueva Jersey, Estados Unidos; en 2006 sucedió en Ottawa, Canadá y en Londres; en 2011 fue el turno de Italia. Del último país tuvieron que irse y ya no operan porque en el siniestro perdieron documentación pública de hospitales y otras administraciones del Estado. En varios de ellos se comprobó que fueron intencionales, pero a diferencia del caso argentino no sólo no murió nadie sino que no se indagó la posibilidad de que los papeles quemados ocultaran pruebas de delitos financieros.


Lo curioso es que, en sus balances, la compañía menciona los incendios, pero en general los toma como una cuestión contable. Por ejemplo, respecto del incendio en Argentina, figura en sus balances de 2014 y 2015. A pesar de que en febrero de 2015 se determinó que el incendio fue intencional, en el balance insisten en que la causa se está investigando y no aclaran este punto. Estiman que el incendio les costó 3,5 millones de dólares, pero que eso no influye en sus finanzas ni operaciones, y que lo que se quemó representa un 0,5% de sus ingresos. Un balance contable para un incendio que costó 10 vidas.

"El Grupo Macri perdió varias cajas con documentación durante el incendio. Muchas de ellas con rótulos muy sugestivos como “Panamá”, “Uruguay”, “Omexil” o “IECSA Brasil”.

-¿Es una empresa líder en el rubro de guarda contable?


-Sí, es una multinacional poderosa, y con muy buenos contactos. Ellos se vanaglorian que la superficie de sus depósitos desparramados por todo el planeta equivale al tamaño de la ciudad de El Vaticano multiplicado por 17. Y, además, tiene presencia en varias guaridas fiscales, que ellos deben utilizar para sus propios mecanismos de lavado. De hecho, un año antes del incendio, organismos estatales argentinos le iniciaron una causa por lavado de dinero a Iron Mountain argentina porque en sus movimientos contables surgía un auto préstamo por 20 millones de dólares realizado a través del HSCB de Suiza y, en paralelo, la firma reportaba que no tenía ganancias.


Quizás, entonces, el incendio fue premeditado desde la propia compañía para hacer desaparecer ciertas pruebas. Sin embargo, más allá de las hipótesis en danza, lo grave es que el caso está muy silenciado por los medios más influyentes. El subtexto es que de Iron Mountain no se habla. Y eso que hay diez muertos. Gente trabajadora, humilde.


-El caso no tiene presencia ahora en los medios. ¿La tuvo en su momento?


-Sí, como un hecho trágico, por el incendio y por las víctimas. Ahora, no es un hecho menor. El presidente argentino está envuelto en el caso. Empresas mediáticas poderosas como Clarín también están comprometidas. El actual responsable de la Aduana era la persona a cargo del control de dichas compañías en la jurisdicción de Buenos Aires. Otro funcionario implicado: el ministro de la Producción nacional cumplía ese mismo rol en la ciudad cuando se produjo el incendio y era, además, el nexo entre Macri e Iron Mountain para aceitar la relación comercial.


-Volviendo al hecho de que las empresas están obligadas a informar donde guardan su documentación pero no a detallar el contenido de la misma. ¿Parecería haber una laguna legal en la materia?


-Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es ilógico desde el Estado obligar a los ciudadanos a presentar hasta el último ticket impositivo y, por el contrario, ser tan poco celosos con la documentación de las empresas más poderosas. Con todos los especialistas que hablamos para el documental nos confirmaron que existe un agujero negro legal en el hecho mencionado. Además, guardar documentación en papel es una práctica evidentemente retrasada. En muchos lugares del mundo esa operación se hace de forma electrónica. Los bancos alojan sus datos claves en la nube.


Pero, claro, mientras tanto, la compañía puede darse el lujo, como lo hizo ante la Comisión Nacional de Valores o la comisión bicameral legislativa que investigó el caso, de informar al Estado argentino que no poseía un back up de la documentación guardada en sus depósitos.


"Hoy la Argentina es un colador para los grupos económicos interesados en cometer delitos financieros. Además, el presidente Macri está interesado en convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal".


-¿Cómo puede evolucionar la causa en el corto plazo? ¿La estrategia político jurídica de ocultamiento es imposible de horadar?


-No soy muy optimista. La gestión Macri se concentró en desregular el sistema financiero. Argentina hoy es un país sin control hacia los flujos financieros ilícitos. En el documental ese tópico lo trabajamos con Jorge Gaggero (padre del director y especialista en temas de lavado de dinero) y la línea de tiempo sobre cómo viene trabajando el país en la materia es muy significativa: a partir del 2010 el Estado argentino se pone a combatir de forma decidida con una serie de resoluciones al lavado de dinero.


La Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC desarrollaron un trabajo coordinado muy interesante entre el 2010 y el 2015. Argentina se constituyó como una isla anti-lavado en ese período. Y el presidente Macri desde que asumió lo que buscó decididamente es desintegrar ese blindaje contra los flujos financieros ilícitos.


-La UIF hoy está conducida por banqueros. ¿Tenemos al zorro en el gallinero?


-Sí, la UIF está en manos de gente que viene de empresas lavadoras de dinero. Pero, lo central es que el macrismo desarmó todas las legislaciones y regulaciones que controlaban los movimientos de evasión y fuga de capitales. Hay un relato en los medios sobre el supuesto aprendizaje sobre la marcha que está haciendo el gobierno nacional. Es todo lo contrario. En el capítulo de regulación financiera el macrismo viene actuando de forma quirúrgica para beneficiar a los grandes capitales. Hoy la Argentina es un colador para los grupos económicos interesados en cometer delitos financieros. Además, el presidente Macri está interesado en convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal.


-¿Por qué señalas eso?


-Ya lo había intentado cuando era Jefe de Gobierno. Su intención es trasladar la IGJ (Inspección General de Justicia) a la ciudad de Buenos Aires para reducir los controles impositivos a las multinacionales que quieran asentarse en el país.


-¿Una Montevideo II?


Sí, pero con el peso económico de Buenos Aires, que es mucho mayor. Volviendo a la pregunta sobre el futuro de la causa, no veo mucha luz en el corto plazo. El gobierno nacional ha colocado en los estamentos más estratégicos del Estado a ex gerentes de grandes empresas. En los ministerios ligados a los asuntos económicos gobierna Wall Street porque sus funcionarios son personas formadas con esa matriz de pensamiento. Tanto el actual gobierno como el sistema judicial argentino no tienen intención de investigar a fondo el lavado de dinero.



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