“La pelea entre el Estado y la criminalidad económica es muy desigual”

  

 Juan Argibay Molina está a cargo de una las áreas más sensibles de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), el área Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. “Disculpa el desorden, pero estamos creciendo”, aclara con cortesía Argibay mientras corre dos sillas hacia el sector menos ajetreado por las refacciones en un ambiente con piso de madera y, por el momento, libre de computadoras.

 

-El combate de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo parecen objetivos muy magnánimos. ¿Cuál es, específicamente, su trabajo y el de su área para avanzar en un terreno que se supone muy minado por la criminalidad económica?

 

-Para contestar debería comentar brevemente nuestra historia. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creo en el año 2012 está Procucadoría. Le asignó un presupuesto, la doto de personal y la afectó a la investigación de la criminalidad económica. La idea de la Procuradora en ese momento fue poner énfasis y, al hacerlo, compensar el tradicional impacto del derecho penal en nuestro país, donde suele recaer sobre los sectores sociales más vulnerables, pero rara vez sobre los sectores asociados al poder económico. En ese sentido, hay que tener en cuenta que en nuestro país habría sólo doce sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos. En Estados Unidos, en cambio, las estadísticas marcan que hay cerca de mil sentencias en un año, por ese mismo delito.

 

-¿Doce sentencias desde que año, 1983 o desde el inicio de la Procelac?

 

-No, doce desde que está tipificado el delito. Este dato lo que revela es que la persecución penal en lo que respecta al delito de lavado de activos no estaría logrando resultados. El objetivo del trabajo de nuestra área es revertir esa tendencia.

En la PROCELAC trabajan aproximadamente setenta profesionales dedicados a distintas aristas de la criminalidad económica: los fraudes en el marco de los procesos concursales, los fraudes económicos y bancarios, los delitos contra la administración pública, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos que se registran en el mercado de capitales y, por supuesto, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que es el área que coordino.

Nuestro trabajo diario consiste en recibir denuncias de la gente o de organismos públicos y llevar adelante investigaciones preliminares. Es decir, investigaciones acotadas donde nosotros lo que hacemos es juntar información para completar una denuncia que recibimos y, luego de agregar valor con nuestra trabajo de análisis, judicializar el caso.

 

-Durante estos años, ¿Qué caso están orgullosos de haber esclarecido? Por el contrario, ¿Dónde observan que les falta fuerza, política e instrumental, para combatir la opacidad fiscal?

 

-Tenemos indicadores que demuestran ciertos avances alcanzados. Por ejemplo, PROCELAC elevó exponencialmente la cantidad de investigaciones llevadas a la justicia por el delito de lavado. Muchas de ellas llegarán a juicio próximamente y, así, de a poco, iremos incrementando la cantidad de condenas por ese delito. 

También me gustaría destacar que pudimos avanzar en casos complejos que involucraban a organizaciones criminales muy poderosas. El caso conocido como "Carbón Blanco", donde se desbarató una organización vinculada al narcotráfico involucrada en maniobras de lavados de activos por millones de pesos, es un claro ejemplo. La investigación por lavado de activos llegará a juicio en el corto plazo.

Este paso es muy importante porque la relación de fuerzas entre el Estado y las organizaciones criminales de este tipo es muy desigual. ¿Por qué? Porque el Estado no cuenta con recursos suficientes (sean humanos, presupuestarios o tecnológicos) para dar una respuesta completa y eficaz a este fenómeno. La pauta de lo cuesta arriba que es esta pelea la da la poca cantidad de condenas dictadas en nuestro país por el delito de lavado de activos.

 

-¿Ustedes pueden acudir a los bancos para solicitar información sobre movimientos de dinero o cuentas de personas sospechosas?

 

-En el marco de nuestra actuación cuando hacemos investigaciones preliminares no tenemos acceso a información bancaria, bursátil o fiscal porque esta información se encuentra protegida por distintos secretos (bancario, bursátil y fiscal). Eso constituye además de una limitación jurídica, una limitación operativa para realizar nuestro trabajo. En ese sentido, resulta paradójico el hecho de que una oficina destinada a investigar la criminalidad económica no pueda acceder a la información bancaria, bursátil o fiscal, cuando este es su insumo fundamental de trabajo. Es un verdadero contrasentido.

Ojalá, esa limitación pueda resolverse en un futuro cercano porque va a ahorrarnos mucho tiempo en las investigaciones.

 

En el marco de nuestra actuación cuando hacemos investigaciones no tenemos acceso a información bancaria, bursátil o fiscal porque es información protegida por el secreto bancario. Eso es una limitación y un real contrasentido

-Por el contrario, ¿La Unidad de Información Financiera (UIF) sí puede acceder a los datos bancarios privados?

 

-Claro, la UIF tiene la potestad para requerir la información bancaria, bursátil y fiscal en el marco de su actuación administrativa. Es curioso que la UIF, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, pueda contar con esa información y que no pueda contar con ella la Procuraduría encargada de atender los casos de criminalidad económica.

 

-Entiendo que tienen una agenda muy intensa con el registro de beneficiarios finales. ¿Cómo sistematizan ese trabajo y cómo interactúan con los organismos de la sociedad civil movilizados contra la opacidad fiscal?

 

-Desde la Procelac se alienta mucho a la interactuación  con organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales para poder mejorar nuestro trabajo a partir de sus críticas, pero también para buscar en conjunto mejores normativas y regulatorias. En ese marco, desde hace tres años que en la temática de "beneficiarios finales" venimos sosteniendo para avanzar con su discusión. A decir verdad, tenemos una buena coordinación con el Banco Central, que nos presta su casa para realizar una jornada anual organizada entre el Ministerio Público Fiscal, Fundación SES y Tax Justice Network. Dilucidar quiénes son los verdaderos titulares de determinada sociedad o estructura jurídica implica reducir niveles de opacidad, y por ende escenarios posibles de evasión fiscal y lavado de activos.

 

-¿Un ciudadano puede acudir ante el Estado para solicitar información sobre la titularidad de determinada firma privada?

 

-En las últimas jornadas internacionales que hicimos a mitad de año en el Banco Central para debatir los desafíos del registro de beneficiarios finales nos topamos con un hecho curioso. La experiencia indica que cuanto más se exige desde la sociedad civil a los privados para que transparenten la titularidad de sus activos lo que se alienta es, contrariamente a lo se piensa, a que aparezcan más testaferros. Se da, entonces, un efecto contraproducente.

 

-¿Hay que hacer menos aspavientos desde el Estado para no generar alertas tempranas en los grupos dedicados a la criminalidad económica?

 

-Hay que pensar en esquemas regulatorios distintos. Las oenegés insisten mucho en la creación de un registro público de beneficiarios finales. Esa iniciativa, si bien es noble en su objetivo, quizás a largo plazo, en lugar de resolver el problema, lo acrecienta. Los grandes evasores y lavadores saben como camuflar su identidad. Hay que buscar una solución alternativa, una solución distinta que permita que permita reducir los niveles de opacidad sin fomentar la institucionalización del rol del "testaferro". 

 

-Mencionamos a la UIF, el Banco Central, también está la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y, por supuesto, la Procelac. ¿No tiene el Estado demasiados actores involucrados en el combate contra la opacidad fiscal?

 

-La creación de la Procelac busco unificar distintas unidades fiscales, que dentro de la órbita del ministerio Público, actuaban de forma independiente contra la criminalidad económica. Todas esas unidades forman hoy una misma oficina de trabajo, lo que implica un importante cambio de paradigma. PROCELAC cuenta con la posibilidad de cruzar información sensible en tiempo real. Además, la articulación de la PROCELAC no sólo incluye a las anteriores unidades fiscales absorbidas por ésta sino que también alcanzas a otras Procuradurías (PROCUNAR, PROTEX, PIA, etc) y hasta fiscalías no penales (como los laborales o comerciales). Esto es significativamente valioso. Imagínense que en el pasado si un narcotraficante inyectaba dinero en una quiebra no existían mecanismos claros para proceder. Hoy, en cambio, desarrollamos canales de comunicación que nos permiten recibir alertas tempranas cuando se detectan movimientos sospechosos de dinero.

 

A un nivel más macro, creo que vale la pena recordar una iniciativa interesante del gobierno durante al año 2014 que, luego, no se logró sostener en el tiempo. Me refiero a una mesa de trabajo conjunta entre varias agencias del Estado destinada a mejorar la comunicación entre organismos y disminuir la evasión fiscal, los delitos cambiarios y el lavado de activos en el segmento del comercio exterior. En esa mesa, se sentaban la Secretaría de Comercio, la AFIP, la Aduana, el ministerio Público, la Superintendencia de Seguros, hasta el Banco Central. Eso generó, como es lógico, una mejora en el intercambio de información y en los niveles de confianza entre funcionarios de los distintos organismos involucrados.

 

Si públicamente hay una notoria e intensa campaña oficial exigiendo información sobre la titularidad de activos y registro de beneficiarios finales, los grupos criminales intensifican sus estrategias evasoras y multiplican sus testaferros. Se da, entonces, un efecto contraproducente

 

 

-¿Existe una coordinación a nivel regional entre áreas similares de los gobiernos del Cono Sur para disminuir la opacidad fiscal? En ese sentido, ¿Se discute ahora con más ahínco qué hacer con las guaridas fiscales que, están, precisamente radicadas en el sistema interamericano?

 

-Pienso que hay un consenso general entre los gobiernos sobre el peso lesivo que tiene la problemática de la criminalidad económica en nuestros países. También comienza a registrarse un consenso general en cuanto a la forma de abordar este problema. Me refiero, concretamente, a que los países están intentando mejorar y agilizar los niveles de intercambio de información. Es sabido que las investigaciones internacionales suelen empantanarse a la hora de requerir datos a otros países. Generalmente, los datos son entregados con mucha demora, o de forma incompleta. Hoy la coordinación entre los ministerios públicos de los países de la región es mucho más efectiva en comparación con años anteriores. Creo que los países están abandonando cierta postura chauvinista de defender lo propio y están entendiendo que la integración política es crucial para lidiar con problemas como la evasión tributaria y el lavado de activos. 

 

-Uno de los segmentos de su área de trabajo pasa por controlar el financiamiento del terrorismo. ¿Qué peso tiene está problemática en el universo de la criminalidad económica local? ¿Con qué criterios se tipifica el terrorismo en Argentina? ¿No hay riesgo de tomar caracterizaciones que puedan criminalizar la protesta social?

 

-A ver, desde la creación de PROCELAC, en diciembre de 2012, a la fecha los casos trabajados por la Procuraduría vinculados con financiamiento de terrorismo representaron el 6% del total de casos asignados al área de Lavado de Activos. Ello significa que durante ese período de tiempo la incidencia de esta temática en el trabajo operativo fue relativamente baja. Sin embargo, aun cuando así sea, tal circunstancia no puede transformarse en un argumento para desalentar la persecución de aquellos hechos que podrían encuadrar en este delito.

 

Los actos de terrorismo causan mucho daño a la sociedad. Los valores que ponen en riesgo, me refiero a la vida, la seguridad, la convivencia pacífica, la libertad de expresión, exigen que el Estado se organice con el fin de reducir la probabilidad de que estos actos se concreten. En este sentido, investigar la matriz de financiamiento de las organizaciones que se dedican a cometer actos de terrorismo constituye una forma adecuada para prevenir y castigar estos sucesos. Eso sí, todo lo dicho en modo alguno se puede interpretar como una justificación para un uso indebido de estas normas. Me refiero, concretamente, a que sean utilizadas para perseguir a quienes se opongan ideológicamente a un orden dado. La falta de precisión de las normas que sancionan el terrorismo, como su financiamiento, exigen de rigurosidad por parte de quien las aplica para evitar situaciones de ese estilo. 

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