La política fiscal no es neutral en términos de género. Los sistemas tributarios y el gasto público tienen impactos diferenciados sobre hombres y mujeres, y pueden contribuir a perpetuar o a reducir las desigualdades de género existentes en nuestras sociedades.
Los impuestos al consumo, como el IVA, tienden a ser regresivos y afectan proporcionalmente más a las mujeres, que destinan una mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes básicos para el hogar. Por otro lado, los impuestos a la renta personal pueden tener sesgos de género cuando no reconocen adecuadamente el trabajo no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres.
El gasto público también tiene una dimensión de género. Las inversiones en servicios de cuidado, educación y salud tienen un impacto directo en la vida de las mujeres, tanto como usuarias de estos servicios como trabajadoras en estos sectores. Los recortes presupuestarios en estas áreas afectan desproporcionadamente a las mujeres.
Incorporar la perspectiva de género en el análisis fiscal permite diseñar políticas más justas y efectivas. Los presupuestos con enfoque de género, que varios países de la región han comenzado a implementar, son una herramienta valiosa para visibilizar estas diferencias y orientar las decisiones presupuestarias hacia una mayor equidad.
La justicia fiscal y la justicia de género están íntimamente relacionadas. No es posible avanzar hacia sociedades más igualitarias sin transformar los sistemas fiscales que perpetúan las desigualdades.
